El fiscal pide tres años para dos responsables de una empresa por un accidente mortal

Dos responsables de una empresa que realizaba trabajos de cableado de fibra óptica junto al tramo de vía férrea Vitoria-Alsasua serán juzgados hoy acusados de un homicidio imprudente y de un delito contra la seguridad en el trabajo por la muerte hace dos años de un operario que fue arrollado por un tren cuando desarrollaba su actividad en estas obras. La Fiscalía vitoriana pide año y medio de prisión para cada uno de ellos y veinte millones de pesetas de indemnización para los herederos del trabajador fallecido.

Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 1998 en el punto kilométrico 521,1 de la vía férrea Madrid-Irún, en el término municipal alavés de San Millán. Antonio Guerrero prestaba sus servicios para la empresa Intel cuyo representante legal, I.M.G., de 47 años, es uno de los acusado. El otro es R.J.R., encargado de seguridad de la obra. Se trataba de unos trabajos que dicha firma realizaba para Revenga Ingenieros, adjudicataria de las obras para Renfe.

Para introducir el cableado se había abierto una zanja junto a una de las vías. El Ministerio Público describe que los operarios debían introducir dos tubos que luego cubrían con tierra fina con rastrillos, colocando a renglón seguido cinta plastificada con el objeto de señalizar los tubos en caso de apertura de la zanja.

Sin señalizar

Cuando a Antonio Guerrero se le ordenó que tapase con tierra el material, utilizó como camino de acceso a la zanja la vía férrea impar, por la que normalmente no circulaba ningún tren, 'si bien en esta ocasión se había producido un cambio de vía (...) que no fue comunicado por parte de Renfe', según detalla el fiscal. Una unidad de ferrocarril arrolló entonces al trabajador, quien falleció inmediatamente.

El Ministerio Público justifica su acusación al entender que la empresa Intel omitió señalizar mediante cinta plástica la zona de peligro con el fin de evitar posibles atropellos. Tampoco marcó un área por donde debieran pasar los obreros.

El fiscal añade en sus conclusiones que el operario fallecido no había recibido cursos de capacitación y seguridad para realizar trabajos en la vía férrea. Califica por tanto los hechos como un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad en el trabajo, por los que demanda año y medio de prisión para cada uno de los acusados, y pide veinte millones de indemnización, calificando a los inculpados y a su empresa responsables civiles directos y a Renfe y las aseguradoras como subsidiarios.

[I.M.O., de 23 años, resultó herido ayer en Llodio al caer a una zanja de unos dos metros de profundidad mientras trabajaba en la construcción de un bloque de viviendas. El siniestro se produjo hacia las nueve de la mañana en la calle Pintor José Arrue de dicha localidad].