20.000 delegados sindicales arrancan las movilizaciones para reclamar los atrasos

Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, comienzan hoy las movilizaciones de empleados públicos en respuesta a la negativa del Gobierno del PP a pagar los atrasos adeudados a los cerca de 2,1 millones de funcionarios que en 1997 sufrieron una congelación de sus sueldos que ha sido anulada por una sentencia de la Audiencia Nacional.

Las concentraciones de hoy, en las que los delegados sindicales (unos 20.000, según CC OO) se manifestarán ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España y ante el Ministerio de Hacienda en Madrid, coinciden con la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual de enero.

La protesta sindical continuará el próximo jueves, día en el que las centrales han convocado a una manifestación a todos los funcionarios y en el que esperan la asistencia de más de 300.000 empleados públicos.

Con estas medidas, los representantes de los funcionarios no sólo quieren protestar por la negativa del Ejecutivo tanto a acatar la sentencia de la Audiencia Nacional como a dialogar con los sindicatos, sino que también quieren denunciar la pérdida continuada de poder adquisitivo de los empleados públicos, que los sindicatos cifran en más del 3% desde 1997, y la precariedad laboral de las Administraciones españolas, con las mayores tasas de temporalidad y eventualidad de Europa, según denuncian.

Primeras movilizaciones

Estas movilizaciones sindicales son las primeras que tienen lugar tras la aceptación a trámite el pasado día 2 del recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Supremo para evitar el pago del dinero adeudado a los funcionarios por la ilegal congelación salarial.

El fallo de la Audiencia Nacional sostenía que hubo un acuerdo entre la Administración central, entonces gobernada por el PSOE, y los sindicatos, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 1994, que establecía un aumento para 1996 y 1997 similar a la previsión presupuestaria del IPC, acuerdo que fue incumplido por el Ejecutivo de Aznar en julio de 1996. Ese año, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, impuso la congelación salarial de los funcionarios y se negó a tratar con los sindicatos sobre posibles retribuciones.

Desde el momento en que se conoció la sentencia, el Gobierno popular anunció su intención de agotar todas las posibilidades legales para evitar el pago de unos atrasos que afectarían a toda la política presupuestaria y al déficit cero. La base de su defensa es que la sentencia de la Audiencia Nacional usurpa competencias de las Cortes sobre la aprobación de los Presupuestos.

Así, el Ejecutivo se ha mantenido firme en su decisión, a pesar de las amenazas de los sindicatos de convocar movilizaciones y de la crítica generalizada de la oposición, que se ha materializado en seis proposiciones no de ley presentadas por distintos grupos políticos y en las que se insta al Gobierno a acatar la sentencia o a negociar con los sindicatos. Ahora será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra.