La Audiencia de Valencia estima el recurso de la Generalitat y ordena reabrir el 'caso Ivex'

Carmen de Miguel asumió la dirección del Ivex en septiembre de 1999 y apenas dos meses después denunció a su predecesor, José María Tabares, por conceder avales por una cantidad próxima a los 1.500 millones para financiar operaciones de compra y venta de productos entre dos empresas del ciudadano francés Jean Luc Lagier con sede en Túnez y la Unión Europea, con la finalidad de generar derechos de exportación de vehículos Ford al país magrebí.

El juez instructor archivó la querella el pasado mes octubre del año pasado y llegó a calificarla de 'temeraria'. Pero tanto la Generalitat como el Ivex recurrieron el archivo. Ayer, la Audiencia emitió un auto que ordena mantener vivo el procedimiento porque considera que Tabares llevó a cabo una serie de 'operaciones cambiarias irregulares' que podrían ser constitutivas de delito.

El tribunal no tipifica el supuesto delito porque no le corresponde, pero sugiere que puede tratarse de un delito de estafa, societario o de falsedad en documento mercantil. También establece que es innecesaria la práctica de nuevas diligencias.

El auto establece que la operación comercial en que se embarcó el Ivex para generar derechos de exportación a favor de Ford -que 'todos los interesados' han calificado 'suavemente como de alto riesgo' - generó una deuda que era superior a los 500 millones de pesetas a mediados de 1997. Señala que tanto el entonces consejero de Industria, Diego Such, como el entonces director general de la institución, Juan Mir, y todo el consejo de administración conocían 'el caso Túnez' y los problemas generados cuando las empresas europeas de Lagier dejaron de pagar las letras avaladas por el Ivex para comprar materiales producidos por Lagier en Túnez. El auto sugiere que Mir presentó su dimisión ante el fracaso de la operación. Y recuerda que cuando Tabares asumió la dirección general se firmó un nuevo contrato con Ford para seguir generando derecho de exportación a Túnez a través de nuevas operaciones comerciales en las que también estaban implicadas empresas de Lagier. Pero considera que Tabares se extralimitó en sus funciones cuando, 'de acuerdo con Lagier', avaló letras para cumplir el vencimiento de efectos anteriores 'sin que el consejo lo supiese y lo autorizase y que obedecían a compras que no existen, poniendo en riesgo grave el patrimonio de la sociedad'.La relación entre Ford y el Ivex se inició a principios de 1995. La multinacional comunicó a Procova -empresa predecesora del Ivex- su interés de exportar coches a Túnez, para lo que necesitaba acreditar su relación con la adquisición de productos metalmecánicos en ese país para obtener las oportunas licencias de importación y requirió la intermediación de la empresa pública. El Ivex contactó entonces con la empresa tunecina Sonotube y la francesa Apod, ambas del grupo Lagier. El primer contrato se firmó en julio de 1995. El Ivex se comprometió a comprar materiales a Sonotube para venderlos a Apod por el mismo precio. El organismo público depositaba entonces letras para avalar las compras en el Banco Exterior que Apod pagaría a través de la venta de los productos correspondientes.

Pero a finales de 1995 Apod comenzó a tener problemas financieros que le impidieron hacer frente a las facturas que le giraba el Banco Exterior (BEX). El BEX se negó a seguir financiando las operaciones a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) por lo que Procova se dirigió al Arab Bank.

A finales de 1996 la deuda de Apod sumaba 368 millones de pesetas, como reveló en su momento la Sindicatura de Cuentas, y creció hasta los 533 millones un año después, para quedar reducida a 484 a finales de 1998 gracias a una renegociación de la operación.

Según el auto, la renegociación se habría producido tras las presiones de Ford y, sobre todo, las de Arab Bank, 'que no debían ser pequeñas, pues arrastaba un crédito desde años atrás por un montante tan elevado'.

En este momento se modifica el primer contrato con Ford y entra en escena la empresa belga Graficom como receptora de los productos tunecinos. Según el auto, Graficom fue fundada por Jean Pierre Guyennet, un empleado de Jean Luc Lagier.

El 4 de enero de 1999, Tabares y Guyennet suscribieron un contrato por el cual 'Graficom se obligaba a realizar operaciones de importación de productos tunecinos y a financiar con un plazo de 90 días las citadas operaciones y el Ivex abonaría los gastos bancarios, consistentes en intereses y comisiones derivadas de la financiación de los períodos de cobro antes citados y 'adicionalmente y a criterio exclusivo del Ivex' éste podría añadir su garantía frente a instituciones financieras en la financiación de las mencionadas operaciones.

Meses más tarde, el 23 de marzo de 1999, en virtud de un acta adicional al contrato suscrito entre Tabares, Guyennet y Lagier, la empresa tunecina de componentes metalmecánicos Sonotube empezó a librar letras a la empresa Graficom, aceptadas por ésta y avaladas por el Ivex a través de Tabares. Una dinámica que según el tribunal 'no tiene encaje con lo que el Ivex deseaba hacer' desde junio de 1997, porque 'no hay ni una sola operación de compra por parte de Graficom a Sonotube de productos metalmecánicos, que justificase un aval de cantidad alguna, algo que tampoco podía hacer Tabares porque no tenía autorización del consejo, pues una cosa es el poder y otra la autorización para servirse de él'.

El tribunal considera que la no existencia de operación alguna inválida la cláusula del contrato que permitía el aval por parte del Ivex y que en cualquier caso dicho aval debería de haberlo autorizado el consejo y no Tabares.

Los magistrados estiman que Tabares hizo desaparecer de las operaciones a Apod -dirigida por el padre de Lagier- para colocar a Graficom -dirigida por un empleado de Lagier- ignorando 'todo sobre su solvencia' y sabedor de los problemas financieros que tuvo Apod.

Según el auto, la rebaja de la deuda contraída con el Arab Bank no era más que 'una entelequia' porque 'se trasladaba' a otros bancos. Los magistrados explican que 'se producían continuas remesas de letras con las que se atendían las emitidas en fechas anteriores a sus vencimientos, evitando así que la ejecución de una desmontase el operativo'. 'Esto es lo más parecido a una rueda de papel, pelotas en su acepción más vulgar, dado que no existía operación real alguna en que se pudiese sustentar el libramiento y el aval' de nuevas letras, según el auto. Una práctica a la que Tabares ya había recurrido en diciembre de 1998 antes de la firma del segundo contrato con Graficom.

La operación siguió adelante hasta la salida de Tabares del Ivex en junio de 1999, cuando la deuda contraída por la institución ascendía ya a 1.046 millones de pesetas.

Por ello, el auto estima indicios de delito y acepta el recurso de la Generalitat contra el archivo de la causa. Pero, contra la opinión del Consell, no estima necesarias nuevas diligencias como 'el rastreo de bancos, cuentas y países, con la dilación que ello conllevaría y el dudoso resultado de las mismas, más cuando poco importa saber más de lo que se sabe: que hay unos perjudicados, el Ivex y sus socios, en una cantidad concreta'.

La Audiencia no opina sobre la naturaleza de la primera operación realizada por el Ivex para Ford en Túnez ni califica la actuación de Diego Such, Juan Mir y el resto del consejo de administración. Pero no duda en señalar que 'generó un resultado adverso para el Ivex por una elevadísima cantidad'.