Del Este a Poniente

Pese al color político adverso que define a los gobiernos autonómicos de Eduardo Zaplana y del socialista José Bono, Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad que mejores relaciones mantiene con la Administración valenciana, tras el fracaso electoral de Jaume Matas y el PP en Baleares. La llegada del socialista Francesc Antich al Govern Balear truncó esta luna de miel, escacharró el decorado del Arco Mediterráneo y borró al archipiélago del mapa. Pero Castilla-La Mancha ha ocupado este vacío. El trazado del AVE entre Madrid y la Comunidad Valenciana, resuelto de forma muy favorable para los intereses de Bono, así como el Plan Hidrológico Nacional (PHN), en el que ve convertidas en ley sus reivindicaciones históricas recogidas en el Plan de Cuenca del Júcar, del Segura y el Tajo, con preferencia sobre las necesidades del Vinalopó y La Marina, rubrican esta alianza.

Atrás quedan los tiempos en los que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenía pulsos muy reñidos con la Generalitat, con la autovía a Madrid de fondo, atascada en las Hoces del Cabriel, la proliferación de perforaciones ilegales en el acuífero de La Mancha Oriental y la declaración de Interés Nacional de 60.000 nuevas hectáreas de regadío en La Manchuela Centro, que tanto han inquietado al regadío valenciano y al PSPV. El Consell necesitaba la aprobación del PHN a toda costa para satisfacer las necesidades hídricas que le plantean sus propios desafíos: el turismo (la agricultura sólo representa un 4% del PIB valenciano) y las infraestructuras de ocio que ha impulsado, por lo que Zaplana optó por zanjar los contenciosos con Castilla-La Mancha con el objeto de no eternizar la llegada del agua. Ahora el papel de malo, que tan bien representara Bono, ha sido desplazado hacia Aragón, cuyo presidente, el socialista Marcelino Iglesias, se ha convertido en el centro de las iras del Consell.

La actitud beligerante de la Diputación General de Aragón con el PHN, que ha llegado a solicitar en Bruselas el bloqueo de la financiación comunitaria del proyecto, ha motivado un incidente interautonómico grave. El presidente Zaplana, investido de una cada vez más apremiante responsabilidad de Estado, ha acusado a Iglesias de 'construir su futuro político y su estrategia en Aragón a base de perjudicar los intereses generales y de ridiculizar la imagen de España en el exterior', así como de 'jugar con los intereses del resto de comunidades autónomas'. El recelo aragonés respecto a los posibles trasvases del Ebro nunca permitió unas buenas relaciones institucionales con la Comunidad Valenciana, sin embargo jamás se había alcanzado un punto de tanta tensión como con el PHN, que prevé detraer 1.050 hectómetros cúbicos anuales de agua de este río. Esta sangría es considerada por Aragón como un atentado contra su capacidad para decidir el desarrollo futuro de una comunidad que, según el vicepresidente José Ángel Biel, sólo posee dos recursos naturales: agua y territorio.

La delicada situación política del presidente aragonés, con un liderazgo por consolidar en el partido socialista, una posición de debilidad en la coalición de partidos que lo sustenta y la presión de la Chunta y el Partido Aragonés Regionalista, hace temer lo peor. El conflicto del PHN plantea una oportunidad política de oro para sumar descontentos y consolidar posiciones. En la agenda, por tanto, quedan sepultadas la autovía de Sagunto a Somport y la reapertura de la línea ferroviaria de Canfranc, reivindicadas por la industria valenciana del mueble y el sector citrícola para llegar a los mercados de Burdeos y Limoges, incluso para evitarse de camino a Europa una A-7 que encarece el transporte de sus mercancías. Como balance, con Aragón apenas se ha producido una confluencia de intereses en la defensa de la gestión compartida del Archivo de la Corona de Aragón, frente a la posición de Cataluña.

Pese a la buena sintonía política, ideológica, incluso patriótica, que mantienen Zaplana y el presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, entre ambos también se interpone un abismo con la fusión de cajas, enrareciendo las relaciones por el Sur. El tiempo ha ido resolviendo sus complicidades en materia de infraestructuras, con la escenificación de un acuerdo del AVE en Murcia. Incluso en materia hidrológica, excepción hecha de la alta contaminación del río Segura, cuya causa se reparte entre los vertidos incontrolados de las industrias murcianas, la falta de depuradoras y la sobreexplotación de los regadíos en la comarca de El Bajo Segura, consecuencia de nuevas roturaciones derivadas de las expectativas que levantó un trasvase Tajo-Segura que nunca se ejecutó.

Pero la fusión de Bancaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ésta con gran implantación en Murcia, supone un escollo importante entre las dos comunidades. Mientras que desde el Palau de la Generalitat se apremia a las cajas para que se fusionen, en el Pacio de San Esteban, sede del Gobierno murciano, esta posibilidad causa irritación. Valcárcel ha mostrado en varias ocasiones sus diferencias al respecto por considerar que se trata de una operación negativa para su comunidad. Incluso su impotencia, ya que Murcia sólo dispone el 20% de la representatividad de la CAM y éste es un porcentaje insuficiente para impedirla.

Respecto a Cataluña, a falta de cumplir la exigencia de Jordi Pujol (resolver el problema de la lengua) para venir a Valencia a celebrar una cumbre entre ambos gobiernos que concretase las sintonías en un convenio de colaboración, las relaciones se han enfriado. A ello también ha contribuido de forma determinante la mayoría absoluta del PP en España, que ha dado un vuelco al escenario político. El pulso sólo late en aspectos muy concretos, como un acuerdo de mínimos respecto al modelo de financiación autonómica propuesto por Zaplana, el interés común por liberar los peajes de la A-7 y la apuesta conjunta por el corredor mediterráneo y llevar el AVE de Castellón a Tarragona. En cuanto al agua del Ebro, Pujol también ha aceptado el PHN a cambio de fijar un nivel máximo para poder trasvasar, aunque pensando en Barcelona y en evitarse la opción carísma de traer agua del Ródano. En cambio, el conflicto de intereses entre Terra Mítica y Port Aventura ha somatizado la relaciones y ha avivado el fantasma de la tradicional confrontación de Cataluña con la Comunidad Valenciana, a menudo alentado desde la calle de Cavallers como cortina de humo de manual. Hace unos días, el vicepresidente José Luis Olivas ha mantenido una reunión con el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, para que intermedie con Pujol y presione a la multinacional Universal para reducir las fricciones entre Terra Mítica y Port Aventura, cuya batalla se está librando en Bruselas.