La Junta presenta a la FAMP un paquete detallado con 21 competencias del Pacto Local

El Ejecutivo andaluz ya presentó en abril de 1999 a la FAMP un documento con las peticiones planteadas por las corporaciones locales, que se ha concretado ahora en una propuesta de mayor calado y que persigue la creación inmediata de mesas de negociación para culminar la asignación de competencias en esta legislatura. El área que está más avanzada es la de consumo, junto con la de servicios sociales. No existe aún una evaluación económica global del pacto, que, de cualquier modo, no está planteado para aliviar la asfixia financiera de los ayuntamientos. En todos los casos, la Junta transferirá el coste efectivo de los servicios delegados. 'No son recursos incondicionados', ha afirmado en diferentes ocasiones el consejero de Gobernación, Alfonso Perales.

La propuesta que se presentará el martes a la comisión permanente de la FAMP plantea la cesión de materias como un proceso abierto, que dependerá en gran medida de la capacidad gerencial y técnica de los municipios para asumirlas. Está claro que los de menos de 5.000 habitantes tendrán más dificultades por sus propias limitaciones, por lo que el ámbito de actuación del Pacto Local tendrá mayor incidencia en las ciudades medias y grandes.

Al margen de la asignación de competencias, el pacto recoge el compromiso de Manuel Chaves de crear por ley el Fondo de Cooperación Municipal estableciendo 'unos criterios objetivos de asignación de recursos'. Y se quiere ir más allá de la delegación de materias al plantear propuestas que afectan a la gobernabilidad local.

En este sentido, el consejero de Gobernación propone un pacto sobre transfuguismo similar al que se firmó en Madrid por los partidos con representación parlamentaria en el Congreso. Se quiere ahora 'dar una vuelta de tuerca' e implicar a la FAMP en este compromiso, que propugna la introducción de reformas en los reglamentos de las corporaciones para aislar a los concejales tránsfugas, como 'la imposibilidad de pasar al grupo mixto'. Perales quiere recuperar una proposición de ley presentada por el grupo socialista del Congreso en la pasada legislatura, y que él mismo defendió, para la elección directa del alcalde. Lo que persigue ahora es que esa propuesta, a la que el PP entonces se oponía, sea aprobada por el Parlamento andaluz para su remisión a la Mesa del Congreso, ya que la iniciativa requiere la reforma del régimen electoral municipal.

El documento especifica la asignación de 21 competencias, de las que se destacan las siguientes.

- Consumo. La delegación se hará a petición del municipio mediante un convenio, en el que la Junta se reserva el sistema de control a partir de unos indicadores de gestión. En caso de incumplimiento municipal, la Administración autónoma podrá revocar la delegación. En el cuadro adjunto se detallan las materias a encomendar, entre las que destaca la capacidad de los municipios de más de 50.000 habitantes a imponer sanciones de hasta 2,5 millones de pesetas.

- Policías locales. Se propone la descentralización de los programas de formación de la Escuela de Seguridad Pública, la asistencia técnica para desarrollo y mejoras de servicio y la implantación en todas las provincias de la policía autonómica.

- Incendios y protección civil. Elaboración de un plan director de los servicios de prevención y extinción de incendios, así como oferta de colaboración en los planes de emergencia municipal y de los consorcios provinciales de bomberos.

- Función pública. Incide en los aspectos de cooperación en la formación de los funcionarios municipales y la inclusión en la futura ley de Función Pública de un apartado sobre el desarrollo de la función pública local.

- Turismo y Deporte. La propuesta remite al desarrollo de dos leyes autonómicas sobre estas materias, en las que se describen las competencias de las entidades locales en promoción y autorización de instalaciones. El documento apunta la cesión de la capacidad inspectora en ambos ámbitos de la Junta a los ayuntamientos y la creación de órganos consultivos y de asesoramiento con presencia municipal. En cuanto a la figura de municipios turísticos, declaración que compete al Consejo de Gobierno, se propone la firma de convenios para 'compensar la mayor carga en la prestación de los servicios' como salubridad pública, transporte o seguridad ciudadana. También se recoge la financiación del conjunto de los municipios turísticos en función de su población de hecho y no sólo de derecho.

- Infraestructuras. En cuanto a los transportes, el documento propone la constitución de consorcios y la vigencia del programa de subvenciones a los municipios de menor entidad para la construcción de aparcamientos de camiones. Se propone una nueva ley de Puertos de la comunidad en la que se garantiza la representación municipal. En cuanto a la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en fase de borrador, el documento es impreciso y afirma que en esa norma se establecerán los 'criterios para la asignación de competencias, reservándose la comunidad autónoma las que afectan a ámbitos regionales o subregionales'. También se apoya ampliar el techo competencial de las corporaciones en la ley de Carreteras.

- Educación. Apuesta por extender en un primer momento y delegar la gestión más tarde del servicio de transporte y comerdores escolares. Defiende la búsqueda de una nueva utilidad para las residencias en desuso y propone la participación municipal en la organización de actividades extraescolares.

- Cultura. Aunque sin explicitarlo, los autores del informe defienden que la construcción de equipamientos culturales pase a manos de las corporaciones locales en vez de las diputaciones y que las primeras participen en los órganos de los conjuntos arqueológicos. También se contempla la delegación de competencias en protección del patrimonio histórico.

- Medio Ambiente. Asegura cofinanciación para la elaboración de diagnósticos medioambientales y planes estratégicos de actuación para los municipios que se integren en una futura red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, a través de programas-contratos con la Consejería de Medio Ambiente. Convenios de cooperación para la gestión de los espacios naturales y equipamientos de uso público. Se propone la firma de convenios con las ocho diputaciones para financiar al 50% la contratación de personal técnico para prestar asistencia a los municipios que no cuenten con recursos propios para afrontar las competencias que tienen asignadas.

- Servicios Sociales y Empleo. Esta materia (infancia, familia, eliminación de barreras arquitectónicas, centros de mayores, programas de inmigrantes) está ya en manos de muchos municipios. Se anuncia un decreto de descentralización de competencias de las prestaciones básicas de atención primaria. En cuanto al empleo, se asegura que la incorporación de las corporaciones al desarrollo de las políticas activas de empleo se hará 'en la medida' en que éstas sean transferidas a la Junta.