El Ejecutivo envía el Plan Hidrológico al Congreso para que sea aprobado antes del verano

Quince años han pasado desde que la Ley de Aguas (1985) dictaminó que para trasvasar agua de una cuenca a otra debía regularse mediante un plan hidrológico.Después de un intento frustrado durante el último mandato socialista, el PP ha conseguido en su segunda legislatura el respaldo del Consejo Nacional del Agua a un proyecto que ha negociado bilateralmente con las comunidades autónomas, los regantes y ecologistas.

Lo que no le fue permitido a la anterior ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, lo ha logrado su sucesor, Jaume Matas, en medio año con el PP gobernando por mayoría absoluta y en un momento en el que el calendario político está ayuno de alegrías.

De todos los posibles trasvases, el PP ha optado por reducirlos a uno para mitigar los posibles conflictos autonómicos o internacionales. Salvo el trasvase del Ebro a Bilbao, los últimos en aprobarse -el minitrasvase del Ebro a Tarragona y el del Tajo al Segura- han sido una fuente constante de enfrentamientos entre regiones y comarcas por el agua. El plan identifica al Ebro como único río excedentario y condiciona la cesión de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de sus aguas a los periodos de máximo caudal para evitar la intrusión de una cuña marina en su Delta.

Ochos años

Para granjearse el apoyo hasta ahora sin éxito de Aragón, el ministro Matas se comprometió desde el principio a que todas las obras recogidas en el Pacto del Agua de Aragón de 1992 (cuando se preparaba el proyecto del PSOE que preveía un trasvase aún mayor del Ebro) se incluyeran en el plan con carácter prioritario. El proyecto incluye una cláusula según la cual no entrará en funcionamiento el trasvase mientras no estén operativas muchas de las obras del pacto aragonés. En esta región se mantienen pendientes de ejecución muchas transformaciónes de regadíos declaradas de interés general desde principios de siglo. La propia margen derecha del río y los abastecimientos de Zaragoza son tan vulnerables a las sequías como Murcia o Almería, adonde irá destinada más de la mitad del agua trasvasada desde el río Ebro. Los cultivos en el sur obtienen las mayores rentabilidades de Europa.

Salvo los 190 hectómetros que se derivarán para cubrir los déficits de abastecimiento del área metropolitana de Barcelona, la mayor parte del trasvase se reservarán 'oficialmente' a los regadíos con títulos concesionales de agua que se nutren de acuíferos esquilmados. No se atenderán nuevos regadíos, aunque muchos observadores sospechan que será difícil cumplir esa regla, habida cuenta de las grandes extensiones de tierras que se están transformando en los últimos meses en Murcia, Almería y Comunidad Valenciana, a la espera del acueducto.

El coste del agua trasvasada se estima en 52 pesetas el metro cúbico, a pagar indistintamente por todos los beneficiarios, ya sean de Barcelona o Almería. Los territorios de la cuenca del Ebro serán compensados con cinco pesetas por cada metro cúbico derivado para costear programas de restauración hidroambiental. El precio del acueducto se estima en más de 700.000 millones de pesetas y un plazo de ejecución en torno a los ocho o diez años.

Aunque el núcleo del plan es el trasvase, la partida económica más importante - 3,13 billones de pesetas- se reparte entre modernización de regadíos, el saneamiento y la depuración de las aguas urbanas, donde hay mucho pendiente por hacer, el aumento de la garantía de abastecimientos urbanos y la construcción de 70 nuevos embalses. Un tercio de la factura se pagará con fondos europeos. El aumento de estas partidas sobre las cantidades previstas inicialmente han decidido el voto positivo al plan de comunidades autónomas gobernadas por socialistas como Extremadura y Castilla-La Mancha. A Matas le ha faltado incluir un trasvase desde el Guadiana al Guadalquivir para sumar el voto de Andalucía. Todavía no ha dicho que no pero se guarda las espaldas alegando que los ecologistas no lo consentirían.