La inspección del Poder Judicial propone sancionar a Garzón por revelación de secretos

La propuesta unánime de los tres inspectores que han investigado el caso, a requerimiento de la comisión disciplinaria, es que existen indicios de que Garzón ha incurrido en la falta grave o muy grave definida en la Ley Orgánica del Poder Judicial como 'la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste'.

Si el eventual expediente confirmara los mencionados indicios, las sanciones máximas que se podrían imponer serían, en caso de falta grave, 500.000 pesetas de multa y, de considerarse falta muy grave, separación del servicio.

Tras abrirse la investigación de la inspección, la periodista Pilar Urbano, que figura como autora del libro, dirigió un escrito al presidente del CGPJ, Javier Delgado, en el que manifestó que la obra no es una 'biografía autorizada', sino que ella era la autora 'única y total, material y moral'. Urbano señaló que Garzón le puso como condición que no le facilitaría datos, documentos o contenidos de sumarios que estuviera instruyendo o hubiera instruido, por lo que las informaciones que aparecen en el libro sobre asuntos judiciales las obtuvo ella de fuentes 'muy distintas y distantes, pero ninguna del Juzgado Central número 5', del que es titular el protagonista de la obra.

Cinco vocales decidirán

La decisión sobre la apertura de un expediente disciplinario o el archivo de la investigación realizada por la inspección corresponderá a los cinco vocales de la comisión disciplinaria, cuyo presidente, Benigno Varela, manifestó ayer a Efe: 'No es prudente dar información alguna de los asuntos que va a conocer la comisión disciplinaria'.

Junto a Varela y Enrique Arnaldo (propuestos en su día por el PP) forman parte de la comisión disciplinaria otros tres vocales, todos ellos designados a propuesta del PSOE y que cuentan con mayoría: Javier Moscoso, Elisa Veiga y Ángeles Huet, esta última, ponente del caso.

La investigación realizada por la inspección del CGPJ, a instancias de la comisión disciplinaria, tiene como origen el escrito remitido el 12 de diciembre último por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional -órgano judicial en el que ejerce sus funciones el magistrado Garzón-, a raíz de unas declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, críticas con la Audiencia Nacional con motivo del libro.