Sevilla responde al reto de Montoro con sus bases para la financiación autonómica

En vísperas de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, la batalla entre el Gobierno y el PSOE se centra en quién pone sobre la mesa la primera propuesta. El secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, tras reunirse ayer en Cáceres con los consejeros económicos de su partido, presentó un documento de principios sobre el nuevo modelo de financiación. De ese modo respondía al reto formulado unas horas antes a los socialistas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El desafío de Montoro al PSOE se basa en las pretendidas dificultades de los socialistas para lograr un proyecto común de financiación como les ha sucedido con el Plan Hidrológico Nacional. El ministro argumentó que es conveniente para el Gobierno, antes de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera -organis-mo conjunto del Gobierno central y los ejecutivos autonómicos- para debatir el nuevo modelo, conocer la posición de las seis comunidades socialistas porque el Ejecutivo pretende 'un acuerdo estable y amplio'.

Sevilla interpreta la posición gubernamental como una coartada ante la 'carencia de modelo de un Ejecutivo que pide sugerencias a la oposición'. Aunque reclamó al Gobierno que haga público su modelo, Sevilla ofreció en un documento, aprobado por todos los consejeros económicos del PSOE, las líneas generales del modelo de financiación que proponen.

Tras certificar cómo el modelo de financiación anterior, acordado entre el Gobierno del PP y CiU, 'ha fracasado' al hacerlo bascular sobre un impuesto, el IRPF, que ha crecido por debajo del PIB, el documento aprobado ayer establece unos principios que, según Sevilla, deben quedar recogidos en la propuesta del Gobierno para que cuente con el consenso de las comunidades socialistas.

Las bases de la propuesta son:

- Recuperación del consenso político y territorial sobre el sistema de financiación, con un acuerdo para todas las autonomías.

- Suficiencia de la financiación de las autonomías y evolución de sus ingresos al mismo ritmo que el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, que reconozca la población y otros indicadores existentes en cada comunidad autónoma.

- Lealtad fiscal, que supone un marco estable de la normativa tributaria atribuida a las comunidades y de las exigencias de gasto que por decisiones estatales deben sufragar las administraciones territoriales.

- Pasar de un sistema que pivota en un solo impuesto, el IRPF, a otro basado en la cesta de impuestos con la cesión de indirectos a las autonomías.

- Aumento de la autonomía financiera en condiciones similares en todas las comunidades.

- Restablecimiento del principio de solidaridad con instrumentos eficaces cuya potencia no disminuya durante el periodo.

- Las comunidades deberán garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad.