El PSOE considera inconstitucional imponer un sistema privado de pensiones obligatorio y el PP lo ve muy difícil

El PSOE cree que sería inconstitucional intentar aplicar en España un sistema de pensiones privado con carácter obligatorio y el PP ve enormes dificultades. Así lo manifestaron ayer, en contestación a la propuesta de reforma presentada en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo por el director del Servicio de Estudios del Banco Santander Central Hispano (BSCH), Fernando Fernández Méndez.

En coincidencia con recientes propuestas del Banco de España y de otras entidades bancarias, el director del BSCH dijo que el sistema mixto de pensiones es la mejor solución a medio plazo para acometer las 'insuficiencias' del Pacto de Toledo de 1995. El modelo que defendió consiste en destinar una parte de la cuota a la Seguridad Social para financiar la pensión mínima a los pensionistas del momento, cuya cuantía podría equipararse al salario mínimo interprofesional. Otra parte de la cuota, también de naturaleza obligatoria, se destinaría a un plan de pensiones de gestión privada, porque 'facilita la transparencia', y adicionalmente, quienes lo desearan podrían aumentar la dotación a su plan de pensiones con aportaciones a planes privados incentivados fiscalmente.

El diputado socialista José Antonio Griñán recordó que el artículo 41 de la Constitución Española, referido a los principios rectores de la política social y el régimen de Seguridad Social, dice: 'Las prestaciones complementarias serán libres'. Los representantes del PP manifestaron asimismo que la implantación de un modelo privado obligatorio conllevaría enormes dificultades. Griñán subrayó la paradoja de que 'los defensores del liberalismo propugnen la implantación de un sistema obligatorio de cotizaciones a planes privados'.

Tanto el diputado socialista como el portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Jesús Merino, y el de Izquierda Unida, Antero Ruiz, afirmaron que los grupos parlamentarios han decidido esperar a conocer el desarrollo del diálogo social sobre las pensiones antes de iniciar su debate para renovar el acuerdo político que suscribieron en el año 1995. Una vez conozcan las conclusiones de las negociaciones que mantienen el Ministerio de Trabajo, la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT, los grupos parlamentarios diseñarán un nuevo consenso con un horizonte a más largo plazo y abordarán cuestiones como la extensión del cálculo de la pensión sobre un plazo superior al actual de 15 años, incluso a toda la vida laboral.

Mientras tanto, la comisión parlamentaria dedica su tarea a conocer los criterios de expertos en pensiones de diversas instituciones y ámbitos, y prevé que el debate de conclusiones tendrá lugar a finales de este año o en los primeros meses de 2002.