Folgado mina la 'doctrina Rato' sobre eléctricas de capital público
En los últimos días, y coincidiciendo con la guerra desatada por el control de Hidrocantábrico entre la portuguesa EDP (30% del Estado portugués), EnBW (25% de la estatal francesa EdF) y RWE (más del 30% de participación de entes públicos alemanes, según analistas financieros), el ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha sentado cátedra sobre lo que el Gobierno español considera correcto a la hora de oponerse o no a la entrada en el sector energético de una empresa extranjera con capital público.
Según ha asegurado Rato, para el Ejecutivo español no es lo mismo 'la capacidad de control' que puede tener un Estado en una empresa determinada (caso de EDP) que la que pueden ejercer entes locales y ayuntamientos en alguna otra sociedad (caso de RWE).
Lo curioso es que en el Gobierno no parece haber una única opinión al respecto. Lo demuestra una carta que el secretario de Estado de Economía, José Folgado, envió el pasado 9 de octubre a Juan Miguel Villar Mir (aliado de EnBW en la OPA de Hidrocantábrico).
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En dicha carta, Folgado exige información sobre la operación de EnBW y afirma textualmente: 'La estructura accionarial de EnBW indica que, independientemente de la participación de EdF, su accionariado está compuesto mayoritariamente por personas o entidades de naturaleza pública (autoridades locales)'. 'Por lo tanto', continúa, 'EnBW está sujeta a la autorización para el reconocimiento de los derechos políticos que pueda tener sobre Hidroeléctrica del Cantábrico'.
Es decir, Folgado considera que, al margen de la participación que pueda tener el Estado francés (EdF) en la alemana EnBW, se deben también tener en cuenta otras participaciones de 'autoridades locales' que podrían determinar el veto del Gobierno español.
El Gobierno introdujo en los presupuestos del Estado de 2000 una disposición adicional (la 27) que reserva para el Ejecutivo la potestad de suspender los derechos políticos que pudiera obtener una empresa extranjera con parte de capital público en la compra de una compañía energética española. En la práctica, esa disposición es un potente filtro para impedir operaciones indeseadas. El Gobierno ya ha esgrimido la norma en el caso de EDP y el asunto puede llegar a ser discutido en Bruselas.
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