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Arias Cañete simultaneó sus negocios agrícolas con la comisión de Agricultura del Parlamento europeo

El portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, Jesús Cuadrado, afirmó ayer que Arias Cañete está 'inhabilitado' por sus propios 'intereses particulares para dirigir la política ganadera del país'. A juicio de este diputado, 'la confusión de intereses privados y públicos está resultando un desastre para la gestión de una crisis muy grave'. Cuadrado reaccionaba así a la publicación en Interviú de una relación de empresas privadas en las que participa o ha participado Arias Cañete. Las misma línea mantuvo José Luis Centella, diputado de IU.

El ministro fue nombrado apoderado en 1990 de dos empresas agrícolas jerezanas: Capa y Domecq Rivero. La primera tiene como actividad declarada 'el cultivo de tigro y otros'; la segunda se dedica a 'servicios agrícolas y ganaderos'. Manuel Vázquez Zambrano, ex administrador de estas sociedades, asegura que en su actividad ha figurado el cultivo de trigo, girasol, garbanzos, cebada y avena. La versión que da el ministro a través de un portavoz del Ministerio de Agricultura es que su cargo 'caducó en estas empresas', ya que los consejos de administración deben renovarse cada cinco años. Sin embargo, en ambas empresas se ha producido un amplio movimiento registral, tanto para ampliar capital como para renovar o revocar consejeros y Arias-Cañete no ha figurado en esos ceses.

En Capa, desde que fue nombrado apoderado (1990), han sido frecuentes las inscripciones registrales para aumentar el capital (la última, en mayo de 2000), para nombramientos (1995), y revocar cargos (1998). Pero no consta que Arias formalizara su salida. Un portavoz del Ministerio de Agricultura replica que las empresas tienen obligación de ejecutar una asamblea cada cinco años donde se renueven los cargos, y si no, dejan de tener validez legal.

Otro capítulo lo constituye su presencia en la sociedad Arias y Domecq, que participa en un ramillete de empresas, algunas de ellas con vocación agrícola: Invalsur; Lucite Development; Angelmo International Corporation; Civisol; Torre de Ceres, Las Tierras de Don Ángel y Rancho Verde. La sociedad Arias Domecq inscribió la renuncia de Arias Cañete como administrador en diciembre de 2000. Arias fue nombrado ministro en abril de ese año, momento en el que, según declaró ayer a la Cadena SER, comunicó por carta su renuncia a dicha empresa. 'Dimití en abril, y así consta en el acta que fue protocolizada en diciembre. Yo planteo mi dimisión cuando me nombran ministro'.

Existe un tercer grupo de empresas donde figura todavía como consejero. Se trata de las empresas de juego Cebingo y Tecnijuego, así como Italcar, orientada al sector del automóvil. En las dos primeras fue reelegido consejero en 1997, y en la última en 1999. La versión del ministro es que fue nombrado consejero sin su conocimiento y autorización. Y por ello, Arias anunció ayer que ha puesto el caso en manos de sus representantes legales para que ejerzan las oportunas acciones. El principal socio de tales firmas ceutíes, Pedro Serrán Pagán, según recoge Interviú, avala la versión del ministro: 'Se le renovó como consejero sin que él lo supiera, por pura rutina mercantil'. Lo definió como un 'error burocrático'.

El ministro también figura en el Registro Mercantil vinculado a la firma de publicidad canaria Presenta. Un portavoz del ministro asegura que su cargo también está 'caducado' en dicha firma. El ministro también participó en empresas como Cortesin o Tractores e Inversiones.

Desde Agricultura aseguran que Arias no incurrió en incompatibilidad cuando simultaneó sus negocios privados en el sector agrícola con su cargo de portavoz popular de Agricultura en el Parlamento Europeo.

El Reglamento del Parlamento Europeo (anexo 1, artículo 4) establece que, en tanto se promulgue un estatuto propio, los europarlamentarios se regirán en materia de incompatibilidades por las normativas de sus Cámaras nacionales. Los parlamentarios españoles deben declarar todas sus actividades, y la comisión del Estatuto debe aprobar si chocan o no con la condición de diputado o senador. En caso de litigio, la comisión emplaza al interesado a la renuncia a la empresa o al escaño.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de febrero de 2001

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