La ex presidenta del Consejo del Priorat asegura que Unió magnificó la gravedad de las irregularidades

La ex presidenta del Consejo Comarcal del Priorat Roser Vives (CDC) aseguró ayer que el equipo de su predecesor en el cargo, Jaume Figueras (UDC), magnificó los desfases contables para dar más notoriedad a las supuestas irregularidades que se cometieron en el organismo hasta 1995 cuando gobernaba el convergente Josep Maria Buil.

Buil se sienta en el banquillo, acusado de malversación de caudales públicos, falsedad y estafa documental, junto con el que fue su gerente y principal imputado, Enric d'Anguera, otros cuatro consejeros, el secretario interventor y dos empresarios.

Roser Vives se convirtió ayer en la principal defensa de los acusados y siguió la misma línea que sus letrados han tratado de señalar desde el inicio de la vista oral, hace dos semanas: las irregularidades no eran tales y el equipo de Figueras que las denunció se sirvió del desorden que habitualmente reina en las administraciones locales para obtener prerrogativas políticas y la presidencia del consejo.

Según la ex presidenta, que fue también alcaldesa de Masroig, 'fue una grata sorpresa' cerrar los ejercicios contables correspondientes a 1995 y 1996 y encontrarse con beneficios 'cuando se suponía', dijo, 'que teníamos que encontrar deudas'. De la misma manera, explicó que a su llegada a la presidencia, mediante una moción de censura, el organismo pidió un crédito de 100 millones de pesetas para hacer frente a una situación que creían que sería caótica. 'No se ha dispuesto nunca de dicho crédito', destacó. Aun así, la convergente tuvo que reconocer que la contabilidad correspondiente a 1994 no se cerró porque la Sindicatura de Cuentas aconsejó que 'sólo se cerrara la de 1995 y 1996'. El fiscal le recordó que fue precisamente durante su gestión al frente del consejo cuando esta institución decidió mantener la acusación particular contra los que ahora se sientan en el banquillo, a lo que Vives tuvo que asentir, sin dar mayores explicaciones.

Vives llegó a la presidencia del consejo cuando CDC se vio en la necesidad de buscar una persona sin amplios antecedentes políticos en la zona para suceder al democristiano Figueras, que destapó las supuestas irregularidades relacionadas con la creación de empresas falsas para el cobro de subvenciones y el pago interesado a determinadas empresas. El resto de los testimonios de las defensas no fueron ayer muy reveladores. Una empleada de Eco-lògica (sólo trabajó allí hasta 1991) reconoció la existencia de proyectos que se suponía que la empresa debía haber entregado al consejo, algo que al parecer imposibilitó el cambio de gestores en el organismo, según los defensores. Los socialistas Salustià Alvarez y Ramon Aleu testificaron ayer para apoyar a su compañero Joan Borja, sentado en el banquillo por su pertenencia a la comisión de medio ambiente que supuestamente permitió las irregularidades.

La vista oral del caso Priorat llegó ayer prácticamente a su fin, a falta de varios testimonios.