El PP insiste en que la Ley no supone una 'caza' de irregulares

La diputada del PP y secretaria nacional de Asuntos Sociales en el partido, Angeles Muñoz, insistió ayer en Málaga que la finalidad de la Ley de Extranjería 'no es la expulsión ni la caza del inmigrante sin papeles'.

Muñoz afirmó que no se pretende 'de ninguna manera' buscar la expulsión de aquellos que están en situación de irregularidad, porque ésa 'no es la intención del Gobierno', aunque la Ley da esa posibilidad al Ejecutivo, 'al igual que la tienen el resto de países de la Unión Europea'.

Muñoz indicó que en los últimos cinco años no se ha incrementado 'apenas' el número de solicitudes de expulsión dictadas ni las ejecutadas, pues mientras que en 1995 se dictaron 17.000 órdenes de expulsión y se ejecutaron 3.195, en 1999 fueron 20.000 las dictadas y 3.700 las efectuadas.

En este sentido la diputada quiso transmitir 'tranquilidad absoluta' a los inmigrantes porque lo que se les garantiza es que puedan tener una asistencia jurídica gratuita en todos los casos de denegación, devolución o expulsión y contar con un intérprete, 'derechos con los que hasta ahora no contaban'.

Proceso cerrado

Insistió en que 'no se puede hacer una ley de inmigración basándose en una situación de irregularidad y de abrir continuamente procesos de regularización', ya que entonces 'vendrían todos los ilegales de la Unión Europea a España', y no se podría garantizar trabajo para todos.

Ante las críticas del PSOE acerca de que la ley no garantiza derechos fundamentales, como el de reunión, asociación, sindicación y huelga, Muñoz recordó que este tipo de derechos en la Ley de Extranjería de 1985, 'hecha con mayoría absoluta socialista, en ningún momento reconocía ni un solo derecho para los irregulares'.

Sin embargo, apuntó que en la nueva ley se reconocen a los inmigrantes irregulares los derechos a la atención sanitaria, a la educación y a la asistencia jurídica gratuita.

Asimismo, criticó a la consejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, quien manifestó que la Administración andaluza prestaría las atenciones sociales y sanitarias a los inmigrantes sin papeles, a lo que respondió que 'no se ha leído la ley, porque esto viene recogido y es obligación de la Junta cumplirlo'.

Por último, la diputada popular ofreció unos datos acerca de los inmigrantes regularizados en España, ya que en 1998 había 131.000 extranjeros no comunitarios y 98.000 comunitarios inscritos en la Seguridad Social, y en 2000, estos últimos han pasado a ser 139.000 y los no comunitarios 313.500. En Andalucía la cifra es de 50.000 afiliados, y de ellos, 18.000 comunitarios y 32.000 no comunitarios, mientras que en Málaga, hasta noviembre de 2000, el total de extranjeros eran 18.900, de los que extracomunitarios eran 6.500.