El Ejecutivo dice ahora que seguirán en el Foro las autonomías y los municipios
El Gobierno está dispuesto a revisar su intención de excluir a las comunidades autónomas y a los municipios del Foro de la Inmigración, según manifestó el director general de Migraciones, Manuel Pérez, a los integrantes de la comisión permanente del organismo.
El Foro concluyó ayer su informe sobre el proyecto de real decreto por el que el Ejecutivo se hace con la mayoría de los vocales de esta institución, que fue muy crítica con la reforma de la Ley de Extranjería y con el Programa para la Inmigración, conocido como Plan Greco.
El informe de la comisión permanente, que el Ejecutivo no tiene obligación legal de asumir, recoge dos propuestas sobre la composición del organismo. La primera otorga siete representantes a la Administración (central, autonómica y municipal), siete a las asociaciones de inmigrantes, otros siete a las ONG, dos a los sindicatos y uno a las organizaciones empresariales.
La segunda propuesta adjudica ocho vocales a las administraciones, ocho a las organizaciones de inmigrantes y otros ocho a las organizaciones sociales, incluidos los sindicatos y la patronal. Sumado el presidente, que es designado por el Gobierno, el número total de miembros sería en ambos casos de 25.
El texto no rechaza claramente la designación a dedo de los vocales de asociaciones y organizaciones sociales que pretende el Ejecutivo, pero pide que la exigencia de que éstas tengan ámbito nacional e implantación en más de una comunidad autónoma, que figura en el borrador, no sea excluyente, sino contemplada como un criterio más de valoración.
Asimismo, propone introducir en el texto la figura de los observadores permanentes del Foro y que se elimine la limitación de las funciones del organismo a 'inmigrantes legalmente establecidos' y el concepto de 'adaptación' en el capítulo referido a la integración social de los extranjeros.
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