El Gobierno regulará por ley el silencio administrativo
Una ley regional regulará la falta de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid a las peticiones de los particulares, lo que se conoce habitualmente como silencio administrativo. El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha enviado para su debate en la Asamblea un anteproyecto de ley en el que se establecen los plazos máximos que los madrileños deben esperar para recibir una contestación oficial y las consecuencias que para ellos tendrá el hecho de no recibir respuesta escrita de la Comunidad.
De los 118 supuestos que la ley establece, sólo en tres casos la falta de contestación de la Administración supondrá que la petición es aceptada. En los 115 restantes, el mutismo oficial significará que la solicitud ha sido denegada.
Las grandes superficies parecen las mayores beneficiadas por esta ley, ya que la norma establece que cuando reclamen 'la concesión de una licencia' y la Comunidad no les responda en el plazo máximo de ocho meses, se entenderá que les ha sido concedida. Por contra, otros colectivos -bares, municipios, locales dedicados al espectáculo o familias- no correrán la misma suerte cuando no logren la respuesta oficial. Por ejemplo, si una cafetería pide autorización para instalar una máquina recreativa y no recibe respuesta en tres meses, la petición tendrá la consideración de denegada. Lo mismo ocurrirá cuando un anciano reclame plaza en una residencia y haya pasado más de un mes.
En el preámbulo del anteproyecto de ley se reconoce que, si bien es conveniente que la Administración responda siempre en un plazo razonable, en algunos casos la falta de reflejos de la Administración no puede suponer la aceptación de determinadas peticiones. 'Piénsese, a título de ejemplo, en lo que supondría que se considerasen estimadas por silencio administrativo las solicitudes de plazas en residencias de personas mayores o determinadas autorizaciones existentes en materia de medio ambiente o de vivienda', señala el anteproyecto.
