¿Girona como síntoma?

El pasado 4 de diciembre, la nueva delegada del Departamento de Enseñanza de la Generalitat en Girona asistió por primera y última vez a una de las muchas reuniones con las que, desde hacía meses y con la presencia del anterior delegado del Gobierno autonómico, se estaba pacientemente construyendo una iniciativa a varias bandas para mejorar las condiciones de vida y la calidad de la enseñanza en los barrios de Santa Eugènia y Sant Narcís. Se daba al traste así con una interesantísima experiencia que, gracias a la iniciativa pionera de padres y profesionales de las escuelas públicas de la zona, preocupados inicialmente por la creciente presencia de alumnos extranjeros, había logrado reunir en un solo programa de actuación a Generalitat, Ayuntamiento y Universidad de Girona, además de escuelas públicas, privadas-concertadas y otras entidades de la zona.

Reunión a reunión, se había ido llegando a la conclusión de que el problema no era sólo el de la presencia de niños de otras etnias en los centros educativos, sino que se trataba de una situación en la que se mezclaban condiciones de vida en el barrio, problemas de vivienda, falta de recursos económicos y otros factores que acababan generando algunas situaciones de exclusión. El alcance de los problemas exigía una mayor colaboración institucional y una mayor implicación ciudadana. Y exigía asimismo que todo se hiciera desde la máxima proximidad al territorio posible.

Por lo que conozco de Girona, no diría que Santa Eugènia y Sant Narcís sean barrios que padezcan graves déficit ni que podamos calificar de suburbiales. Pero, la presencia significativa y periférica de nucleos de emigrantes y su concentración en ciertos centros educativos públicos plantea riesgos potenciales de fractura en la cohesión social. El caso de Girona ejemplifica muchas cosas que hoy son base común de reflexión en los más avanzados programas de acción social en Europa. Todos aceptan el carácter multidimensional de la cohesión social. Y también se da una gran unanimidad en conceder la mayor importancia a la reconstrucción de los lazos y relaciones sociales para avanzar en los procesos de inclusión de las personas y colectivos que más problemas acumulan. Esas dos características nos indican que el tipo de políticas por desarrollar han de tener una fuerte concepción integral, deben ponerse en práctica desde planteamientos transversales y desde la mayor proximidad territorial posible. Es difícil imaginar que se puedan dar respuestas reales desde ámbitos territoriales muy amplios en los que se pierda el sentido de comunidad y de responsabilidad colectiva. Las distintas políticas presentes en el territorio (sanidad, educación, desarrollo económico, ayuda social, vivienda, cultura...) presentan una lógica de intervención excesivamente sectorializada, cuando son precisamente las interacciones entre esas políticas y sus efectos las que construyen las dinámicas sociales y económicas en cuyo seno es posible avanzar en la mejora de la calidad de vida.Precisamente por todo ello, si hablamos de flexibilidad, de integralidad, de implicación colectiva, de comunidad y de inteligencia emocional, deberemos acudir al ámbito local. Y es en ese ámbito en el que resulta más factible introducir dinámicas de colaboración entre los distintos poderes públicos y entre éstos y las entidades, empresas y organismos de carácter no público para generar (vía partenariados ad hoc) el 'capital social' decisivo a la hora de asegurar dinámicas de mejora. La mejora de las condiciones de vida de nuestros barrios y ciudades debe partir de la propia base territorial, de aquellos que conocen los recursos del medio y que tienen los contactos y la información necesaria para movilizarlos y aprovecharlos. De esta manera, no sólo se consigue que el proceso de cambio sea compartido, no estrictamente institucional o profesionalizado, sino que la comunidad reconozca los problemas y los convierta en un debate público.

Todo ello estaba presente, de forma más o menos embrionaria, en el llamado 'Plan Educación y Convivencia' que se estaba tratando de llevar a cabo en los barrios de Santa Eugènia y Sant Narcís y que ahora ha quedado en suspenso. La colaboración con la Generalitat, la parroquia, las escuelas públicas y concertadas del barrio, y con los padres y maestros, así como con la Universidad de Girona, había conseguido poner las bases de una plan experimental lleno de posibilidades. La colaboración entre escuelas públicas y concertadas en relación con los colectivos de alumnos procedentes de la emigración era un hecho. Se buscaba que cada escuela presentara proyectos que tuvieran como objetivo la mejora de algún aspecto de su funcionamiento, y se había logrado reunir fondos para ir respondiendo a las mejores propuestas. No sabemos si la deserción de la Generalitat obedece a un simple cambio de responsable o es un síntoma de la desconfianza con que se ven iniciativas que no se controlan de arriba abajo. Lo cierto es que no es ése el espíritu con el que uno piensa que se deberían abordar los problemas de cohesión social que se dan y se irán dando en barrios y ciudades de nuestro país. No es un tema de competencias ni de protagonismos. Hasta que nos demos cuenta de que tenemos (todos) un problema, y que sólo se podrá avanzar desde el propio territorio (que es donde existe información pero no poder), dilapidaremos recursos y frustraremos esperanzas.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UB.