España y Portugal excluyen las 'vacas locas' de la cumbre de Sintra

Ni los ministros de Agricultura ni los de Sanidad figuran en el abultado elenco de autoridades llamadas a esta cita, que incluye al ministro de Asuntos Exteriores y sus secretarios de Estado para Cooperación y para Europa, junto a los ministros de Economía, Interior, Justicia, Fomento, Trabajo, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente. Cada uno de ellos encontrará a su homólogo portugués al otro lado de la mesa de Sintra.

Fuentes de la Moncloa indican que el problema de las vacas locas podría ser abordado, en todo caso, por los secretarios de Estado para Asuntos Europeos, ya que es la UE quien coordina la lucha. España y Portugal tienen, no obstante, una problemática específica debido a la amplitud y permeabilidad de la frontera común. Sobre todo, en el límite septentrional con Galicia e incluso con Salamanca, las respectivas cabañas se mezclan con frecuencia, y el propio vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sugerido que la enfermedad pasó desde Portugal a España.

Sí figura, en cambio, la propuesta española de que Portugal suscriba el acuerdo de cooperación judicial firmado en noviembre con Italia para suprimir los procesos de extradición y proceder a la entrega inmediata de personas imputadas o condenadas por delitos graves, como los de terrorismo o narcotráfico. La debatirán los ministros de Justicia e Interior, pero sin esperanzas de llegar a un acuerdo inmediato. Fuentes portuguesas han expresado que la Constitución lusa plantea serios inconvenientes en este tema, que es el único que actualmente enturbia las relaciones de Portugal con España.

El Gobierno español pretende evitar que se produzcan nuevos casos como el del supuesto colaborador de ETA José Luis Telletxea Maia, detenido en Lisboa en marzo de 1996 cuando intentaba huir a Venezuela con pasaporte falso y quien aún permanece en el país. Aprovechándose de un sistema judicial lentísimo y excesivamente garantista, Telletxea ha conseguido que los jueces portugueses denieguen su extradición a España. El Gobierno de Lisboa tampoco demuestra la voluntad política de expulsarle por vía administrativa, como podría hacerse si se le niega definitivamente la residencia al supuesto etarra, según confirmó Bernardo Lencastre, responsable del Servicio de Fronteras y Extranjeros (SEF) de Portugal. Telletxea recurrió en julio una primera denegación de residencia y el Ministerio de Interior portugués no le ha respondido aún. Las autoridades españolas consideran absolutamente insólito este retraso en la respuesta definitiva.

En el resto de los temas, figura la firma de un acuerdo de cooperación conjunta en Latinoamérica, África y Magreb, que será uno de los resultados más concretos de la cumbre; el debate de otro acuerdo sobre cooperación transfronteriza; la creación de un 'observatorio' para mantener la estadística de tránsito de mercancías y personas tras la supresión de las fronteras y otros asuntos relativos al aprovechamiento y preservación de los ríos comunes y la construcción del AVE Madrid-Lisboa.

Expropiados y temporeros

Además, España confía en que Portugal pague de una vez por todas las indemnizaciones a un grupo de 15 españoles expropiados durante la Revolución de los Claveles, hace 25 años, y cuyas compensaciones no superan los 600 millones. Lisboa tiene interés en que Madrid explique por escrito que la nueva Ley de Extranjería no afecta en modo alguno a los 10.000 temporeros del Alentejo que cada año vienen a cosechar tomate y uva en España.

Los ministros de Economía tendrán un protagonismo destacado, dado que España es el primer proveedor de Portugal y éste es el segundo cliente de España, además de uno de los grandes inversores internacionales, como demuestra la presencia en Portugal de casi todas las grandes empresas españolas (BSCH, BBVA, FCC, Dragados, Repsol, Campofrío y Telefónica...).

Argumentos como el de que Portugal lleva siglos defendiendo su autonomía frente a España, utilizado por Guterres en el pasado Consejo Europeo de Niza, no han dejado resquemor en Madrid, según indican fuentes de Moncloa, que entiende que en una negociación multilateral tan importante como aquélla cada país utiliza todas sus armas.