La sentencia más cara de la democracia se basa en un recurso sobre declaraciones de Rajoy ante los sindicatos

La sentencia de la Audiencia Nacional que revoca la congelación salarial de los funcionarios y ordena a la Administración que negocie con ellos el pago de los atrasos responde a un recurso presentado por CC OO contra un 'acto administrativo' que el sindicato reclama que se declare nulo. Ese 'acto administrativo' no es otro que 'las manifestaciones' del entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, ante la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado, que se recogieron en un acta.

Carlos Sánchez, secretario general de la federación de administraciones públicas de Comisiones Obreras, recuerda aquella reunión. 'Rajoy nos convocó, se fumó un puro inmenso y se limitó a informarnos de la congelación salarial. No accedió a negociar'. El ahora vicepresidente del Gobierno argumentó después esa negativa suya a negociar con los sindicatos en que el Ejecutivo ya había decidido la congelación salarial y sentarse a dialogar con las centrales sólo habría sido 'marear la perdiz'.

Pero las palabras del ministro, recogidas en el acta de aquella reunión con las centrales, fueron consideradas por la abogada demandante, Carmen Perona, y por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional como un 'acto administrativo', que ha dado lugar a la sentencia más cara de la democracia. Las indemnizaciónes por el envenenamiento masivo por el aceite de colza alcanzaron los 86.000 millones de pesetas, las previstas para los funcionarios no bajan de 260.000 millones y pueden llegar a 900.000.

El fallo judicial, en su primer argumento jurídico, señala que el ministro 'actuaba en la mesa de negociación como órgano administrativo habilitado para realizar la negociación con los representantes de los funcionarios'. La sentencia añade que el ministerio es 'un órgano administrativo que emite una declaración de voluntad en el ámbito de sus competencias y que tiene incidencia en la esfera jurídica de los receptores interesados en dicha manifestación de voluntad'. Esa manifestación de voluntad fue el acto administrativo de congelar el salario de los empleados públicos y su incidencia en la esfera jurídica es que así se publicó en los Presupuestos del Estado para 1997.

La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional se declara así competente para dirimir el litigio que, en un primer momento, recayó en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal se inhibió a favor de la Audiencia.