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Rato se opone a la OPA de EDP sobre Cantábrico por su carácter de empresa pública

En declaraciones a la Cope, Rato afirmó: 'Lo único que yo puedo decir es que, según nuestra legislación, una compañía que esté dominada o en la que tenga una presencia decisiva el capital público va a tener dificultades, tengo que decirlo sin ninguna duda'. EDP, en proceso de privatización, está controlada en un 31% por el Estado portugués, que es su principal accionista. La pasada semana, la compañía anunció la ruptura de su alianza de dos años con Iberdrola, en la que aún mantiene un 3% del capital (Iberdrola controla un 4% de la portuguesa).

'Nosotros', continuó Rato, 'no vemos con buenos ojos que un proceso de liberalización y privatización en España haga que nos encontremos con que las empresas se nos vuelven a convertir en públicas a base de que las compañías extranjeras no privatizadas extranjeras, en las que los estados tienen una gran capacidad de decisión, puedan intervenir'.

En la misma línea, y tras negar que el Gobierno español haya dado el visto bueno a la operación, el ministro advirtió a la compañía portuguesa que la legislación española es 'muy expresiva y muy clara' respecto a la entrada de compañías públicas extranjeras en el sector energético. 'El Gobierno tendrá que pensarse muy seriamente, y lo haremos si se consolida esta operación, la presencia de una compañía en la que un Estado extranjero tiene una posición dominante', remachó.

Rato aludió así a la norma introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2000, que dificulta la entrada de empresas públicas extranjeras en el sector energético español al reservar para el Gobierno la autorización previa de una compra determinada y la posibilidad de bloquear o desbloquear los derechos políticos adquiridos. La norma se introdujo con la mirada puesta en EdF, que también tanteó una posible compra de Hidrocantábrico.

Esta misma filosofía fue esgrimida en la operación de la holandesa KPN con Telefónica y ante las aspiraciones de la eléctrica alemana EnBW -aliada ahora del grupo Ferroatlántica, del grupo Villar Mir y participada por la pública francesa EdF con el 25%- en el mercado español.

Tras la toma de posición del Gobierno, se da la circunstancia de que las dos ofertas de compra que existen sobre Hidrocantábrico, la de Ferroatlántica-EnBW -ya aprobada por la Comisión de Valores- y la de EDP-Cajastur, pueden ser vetadas por la misma razón: la participación de Estados extranjeros en las empresas ofertantes.

Rechazo

El rechazo a la oferta de EDP tiene lugar a escasos días de que se celebre una cumbre hispano-lusa. Algunas fuentes sostienen, no obstante, que Rato puede estar enviando un mensaje para que el Gobierno luso asegure la privatización inmediata de EDP. La más reciente polémica financiero-empresarial entre las autoridades de España y de Portugal tuvo lugar con el intento de compra del grupo Champalimaud por parte del BSCH. El Gobierno luso se opuso a la operación y la polémica llegó a Bruselas. Finalmente, el BSCH logró sus objetivos con limitaciones.

En tan incierto panorama, los rumores acerca de una tercera opción en la liza persisten. Las candidatas son la belga Electrabel (privada) y la alemana RWE (4% público a través de lander). No obstante, la opción EDP-Cajastur sumó ayer otro apoyo, el de Caser, que informó a la Comisión de Valores que suma su 5% en Cantábrico al 10% de Cajastur y al 19,2% de Texas Utilities. El comité permanente de la compañía asturiana retrasó ayer hasta el lunes el análisis de la OPA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de enero de 2001

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