La Generalitat traslada al Estado el posible coste de la 'sentencia de los funcionarios'

Una fuente de la Consejería de Administración Pública comentó ayer sin titubeos: 'Tiene que pagar el Estado'. El Gobierno impidió al resto de administraciones públicas subir el salario de sus empleados y procedió a impugnar los acuerdos alcanzados por algunas comunidades autónomas y corporaciones locales que optaron por incumplir las directrices del ministro de Administraciones Públicas.Por lo tanto, corresponde también al Gobierno afrontar los gastos derivados de aquella imposición, explica la misma fuente.

La versión de la Generalitat choca frontalmente con el criterio expresado el miércoles por Jorge Fernández, número dos del vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien declaró que corresponderá a cada administración asumir las revisiones salariales correspondientes si no prosperara el recurso de casación que tiene previsto presentar el Ejecutivo ante la Audiencia Nacional.

Vicente Rambla, consejero de Hacienda, reiteró ayer que la sentencia de los funcionarios no afecta a la Generalitat. Pero evitó recordar que tanto UGT como CC OO presentaron sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando el Consell siguió el criterio del Gobierno central y congeló los salarios de los funcionarios de la Administración autonómica en 1997. Ambos recursos invocan el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y los sindicatos en febrero de 1995 que establecía que los sueldos de los empleados públicos subirían a la par que el IPC durante tres años. Un acuerdo paralelo al alcanzado entre el Gobierno y los representantes sindicales de los funcionarios al servicio de la Administración central en octubre de 1994 y vulnerado después, según la sentencia.

Pero al margen de los procedimientos judiciales en curso, la sentencia de la Audiencia Nacional genera toda una serie de problemas derivados. ¿Quién debe asumir el coste de las subidas salariales de los funcionarios que han sido transferidos desde la Administración central a la autonómica? ¿Renunciarán los empleados de algunas corporaciones locales a los complementos que pactaron con sus respectivos ayuntamientos para paliar la congelación dictada desde el Gobierno?

Las áreas de servicios públicos de los sindicatos UGT y CC OO del País Valencià ya se han puesto manos a la obra para reclamar unas mejoras salariales que dan por seguras. UGT ha distribuido entre el personal fijo y laboral un documento modelo para proceder a la reclamación individual de las correspondientes subidas salariales. CC OO, por su parte, ha decidido habilitar áreas de atención específicas en sus sedes de Valencia, Alicante y Castellón para explicar el contenido de la sentencia a todos los funcionarios que lo soliciten.

Alentados por el fallo de la Audiencia Nacional, ambos sindicatos recuerdan los recursos que plantearon contra la Generalitat cuando los responsables de la Administración autonómica se negaron a negociar cualquier mejora salarial por encima del 2% a finales del año pasado.

Los sindicatos recuerdan que fueron convocados a una reunión de 'presentación' de los presupuestos de la Generalitat para 2001 cuando el proyecto de ley ya había sido entregado a las Cortes Valencianas y ya establecía una subida salarial del 2% para los empleados públicos.