Los sindicatos dicen que la cúpula de la CAM está al servicio del PP

Con el 67% de la representación de la plantilla de la CAM en contra de la fusión con Bancaixa, la oposición política al PP insistiendo en que se trataría de un acuerdo negativo (el PSPV habla de absorción de la CAM por Bancaixa), y un sector importante del consejo de administración que pondrá todas las trabas posibles a la eventual fusión, se suman argumentos para interpretar que la supuesta alianza entre las dos grandes cajas de ahorro valencianas no será un camino de rosas. Y si a estos posicionamientos se unen los informes que manejan ambas entidades sobre el elevado coste de la alianza, el camino se asegura espinoso.

Los sindicatos se pronunciaron ayer sobre la dimisión, el pasado jueves, del director general de la entidad. Las secciones de la UGT, CGT/SABEI y SECA, cuyas fuerzas unidas alcanzan el 67% de la representación de la plantilla (5.000 trabajadores) consideran que la dimisión del Juan Antonio Gisbert al frente del ejecutivo de la entidad es una decisión 'forzada' desde la cúpula del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y 'consentida' por el presidente de la CAM, Vicente Sala, y los tres vicepresidentes (Javier Guillamón, Armando Alberola y Gil Terrón), todos ellos 'afines al PP'.

Para los sindicatos, los dirigentes de la CAM han demostrado con su actitud que 'prevalecen los intereses de su partido sobre los de la entidad, de la plantilla y de la sociedad'.

Una vez más los sindicatos se reafirman en que las fusiones, dentro de un mismo marco territorial, generan una pérdida de cuota de mercado y facilitan la entrada de otras entidades. La concentración financiera, entienden los sindicatos, va en detrimento de la competencia entre las entidades, y generará un encarecimiento de los servicios financieros para la clientela.

Los representantes de los trabajadores esgrimen que la eventual fusión supondrá una 'pérdida importante' de puestos de trabajo en ambas cajas, por la duplicidad de oficinas y de los servicios centrales. La reubicación del personal comportará, según las secciones sindicales, una movilidad geográfica y funcional con 'evidentes perjuicios' familiares y de calidad de vida para la plantilla.

La entidad resultante no ganará cualitativamente dimensión para competir en los mercados financieron internacionales, opinan los sindicatos, para quienes la fusión repercutirá 'negativamente' en las inversiones del entorno territorial de ambas cajas.

Por otro lado, el nuevo director general de la CAM, Roberto López Abad, tiene previsto comparecer públicamente mañana para explicar sus principales líneas de actuación al frente del ejecutivo de la entidad. Un grupo de miembros del consejo de la CAM ha exigido a López Abad que explique su postura sobre la fusión antes de que su nombramiento se someta a la ratificación de la asamblea general el 15 de febrero. Estos consejeros, que reclamaron sin éxito explicaciones sobre la dimisión de Gisbert al presidente de la caja, quieren saber si López Abad se plegará a los intereses del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana -impulsor de la fusión-, o mantendrá una firme independencia política y primará la estrategia propia de la CAM, cuyo consejo aprobó una plan estratégico contrario a la fusión.

El ex presidente de la CAM, Román Bono, ha expresado su malestar por la injerencia del poder político en la entidad, y ha comentando a compañeros del consejo que dejará de asistir a las reuniones.

Reforma

La polémica indemnización que pactó Gisbert antes de su dimisión, unos 700 millones de pesetas hasta su jubilación, así como otros complementos, no serán, por otro lado, eficaces hasta que sean autorizadas por el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat, que dirige José Manuel Uncio y preside el consejero de Economía, Vicente Rambla.

En la última reforma de la ley de cajas, aprobada en 1997 y promovida por el Gobierno del PP, se introdujo una nueva cláusula según la cual 'las indemnizaciones por cese del director general [de una caja de ahorros] no serán autorizadas por el Instituto Valenciano de Finanzas'. Este artículo legal establece un mes de plazo para conceder la autorización; en caso de que no haya contestación se entenderá que está aprobada.