La ética se resiste a traspasar las puertas de la empresa

Desde hace veinte años, los códigos de conducta o documentos relacionados con la ética en el trabajo han proliferado entre las empresas estadounidenses, una tendencia que en Europa se empezó a sentir en la década de los noventa que ha empujado a un 62% de organizaciones españolas a aprobar algún documento formal de este tipo, según un estudio elaborado por el IESE a partir de los datos de las 500 mayores empresas. Ese porcentaje puede reducirse notablemente entre empresas menores, porque, 'a medida que el número de empleados es más reducido, la existencia de códigos es meno habitual', señala el profesor Domènec Melé, coordinador del informe.

En la CEOE reconocen que este tipo de prácticas no son todavía demasiado frecuentes en España. Para las empresas que decidan elaborar sus propios documentos, la confederación ofrece una serie de directrices de carácter general sobre cómo hacerlo e ilustra sobre experiencias internacionales. 'Desaconsejamos la trasposición de códigos generales internacionales, porque no se adaptan a las circunstancias concretas de nuestro entorno, y apostamos por la voluntariedad de este tipo de políticas', señala José María Lacasa, director de relaciones internacionales.

Entre las empresas que ya se han decidido por esta práctica y, según pone de relieve el informe del IESE, los documentos más comunes son los códigos de conducta y la misión o visión de la empresa y, en menor medida, los credos o declaraciones de valores. En más de la mitad de las organizaciones -el 56%- conviven dos o más documentos, uno genérico y otros más concretos, señala Melé, para quien 'es más fácil pensar que las empresas se lo toman realmente en serio'.

Los jefes se protegen

Las razones para introducir este tipo de políticas dentro de la empresa son diferentes. Las más destacadas son proteger a la alta dirección de riesgos y posibles penalizaciones, responder a presiones de grupos de interés -como accionistas-, reforzar el cumplimiento de normas prohibitivas, implantar o mantener un conjunto de valores en la cultura empresarial y contribuir al desarrollo de la excelencia humana de los empleados. Las empresas españolas suelen utilizar los códigos, sobre todo, para difundir la filosofía corporativa y para presentar un compromiso público.

En menor medida, buscan la protección, algo que les diferencia bastante de los norteamericanos, afirma Melé, que explica que, 'a raíz de la aprobación en 1991 de una norma jurídica en Estados Unidos mediante la que se concedía un trato favorable, con sentencias indulgentes o menores multas en casos de delitos a las empresas que tuvieran este tipo de documentos o que formaran a sus empleados en materias relacionadas con la ética, se introdujeron numerosos códigos'.

Sin embargo, existen empresas que se lo toman en serio y no se conforman con editar un solo documento, sino que promueven seminarios para difundirlos entre sus empleados y hacen públicos sus contenidos. Pese a todo, los planteamientos formales no suelen ser suficientes si los modos de comportamiento o las costumbres aceptadas en la empresa no están en consonancia con los códigos aprobados. Las prácticas irregulares -cobros de comisiones, pagos en dinero negro, retribuciones poco equitativas, procesos de selección poco objetivos- pueden producirse si los códigos de conducta son sólo un mero elemento decorativo.

En este sentido, resulta revelador que sólo un 36% de las compañías que poseen un documento formal lo haga público. Puede que se trate, como señala el informe, de 'una cuestión cultural', o también de una falta de confianza en que esta medida sirva para generar confianza externa, aunque también puede derivar de la falta de voluntad de adquirir un compromiso público. Algunos organismos han empezado a dar sus primeros pasos en este campo. Es el caso de AENOR, que ha reunido a un grupo de expertos con el objetivo de redactar unas normas mínimas de comportamiento -contrataciones, formación, medio ambiente, relación con clientes- que podrían dar lugar, más adelante, a una certificación. De momento, Estados Unidos es el único país que cuenta con algo similar.