Errores en cadena

El Parlamento californiano obligó a separar la producción y la distribución de energía, que solían estar unidas en una misma empresa. También fijó límites máximos y mínimos, vigentes hasta 2002, en las tarifas al consumidor. El propósito era abrir la distribución a nuevas empresas. La consecuencia, con el aumento de los costes de producción, ha sido enriquecer a los productores (cuya tarifa es libre) y arruinar a los distribuidores (que compran kilovatios caros y tienen que venderlos baratos).

Las leyes desreguladoras desincentivaron la inversión en nuevas centrales de producción porque impusieron a las empresas la prioridad del saneamiento financiero, antes de gastar en nuevos equipos, y establecieron unas normas medioambientales muy estrictas. De forma implícita, se sugería a las empresas instalarse fuera de California.

Como consecuencia se ha prolongado una larga falta de inversiones: hace 12 años que no se construye una central de generación en California y han cerrado varias. La capacidad de producción es inferior a la de 1996; la demanda, en el mismo periodo, ha crecido más del 10%.

Las leyes primaron fiscalmente el uso de gas para la producción de electricidad, por ser la energía más limpia. Pero el gas es la energía que más se ha encarecido en EE UU: un 40% en dos años.

Además se crearon dos organismos públicos: el Operador Independiente del Sistema de California, para gestionar la red, y el Mercado de Energía (el PX), para velar por la limpieza de los precios. Todos los generadores deben vender su producción diaria al PX y éste, sin recargo, revende a los distribuidores. El propósito era acabar con los contratos de suministro a largo plazo, onerosos para el ciudadano cuando los precios tienden a la baja, pero sin contratos a largo plazo se desincentiva la inversión y los encarecimientos se repercuten de forma inmediata al usuario.