Los sin derechos

El impulso de los recientes procesos sociales amenaza con la demolición de un Gobierno indeciso y pillado por sorpresa en su política de manadero de despropósitos. De presidencia para abajo, se despacha con desaire y gomina: los ilegales, que hagan las maletas. Cuando el martes entre en vigor la ley de extranjería reformada, los inmigrantes se van a enterar: se quiere perseguir hasta el mar con el expediente de expulsión en la mano. Enrique Fernández-Miranda ya les ha dado el ultimátum en Valencia, y ha recomendado a los ayuntamientos que nada de empadronar a quienes no tengan papeles. Al hacer una advertencia así, el delegado del Gobierno para la Inmigración estaba cepillándose el derecho a la atención sanitaria que la ley reconoce a todos los extranjeros, tengan o no permiso de residencia. Al señor Fernández-Miranda le ha dado una calentura de inspiración de altura ministerial, y ha aportado al complejo problema migratorio anécdotas para una futura antología del disparate, donde ya figura la brillante obra de la Consellería de Sanidad: Guía de salud para inmigrantes, cuya lectura no tiene desperdicio alguno.

La propuesta fue tan sorprendente que muchos de los alcaldes del PP que asistían a la Intermunicipal Popular se quedaron perplejos. Sin duda, porque el delegado del Gobierno descubría dos de sus deficiencias más flagrantes: su desconocimiento de la financiación municipal, y su desprecio por los trabajadores sin papeles. En actitudes como la demostrada por el señor Fernández-Miranda se expresa, sin embargo, el auténtico talante de la derecha más conservadora y sometida a los intereses que sirve: amenazas para quienes pretenden resolver sus urgentes precariedades, y garantías y promesas para los empresarios, muchos de los cuales ejercen una explotación despiadada e intolerable de una mano de obra desasistida de sus más elementales derechos.

Las respuestas han saltado de inmediato y con toda contundencia. Por una parte, los propios afectados se han encerrado, con carácter indefinido, en locales sindicales y de organizaciones solidarias, y en iglesias, en demanda de que se legalice a cuantos se encuentran en situación irregular, y que se derogue la aspereza de la reforma de la ley de extranjería. Por su parte, los partidos de la oposición, las centrales sindicales y las entidades sociales implicadas han denunciado las recomendaciones del señor Fernández-Miranda, que hasta podrían contener indicios delictivos, al conculcar presuntamente el artículo 409 del Código Penal, y las intenciones del gobierno Aznar de poner en práctica procedimientos vituperables, para superar la crisis de la inmigración. En cualquier caso, estas recomendaciones han sido calificadas justamente de xenófobas y racistas. En Alicante, la concejala Camino Remiro, de EU, ha reiterado el derecho que asiste a los inmigrantes irregulares de empadronarse; mientras en Valencia, la portavoz socialista del Ayuntamiento, Ana Noguera, ha exigido a la alcaldesa Rita Barberá un plan de choque, con presupuesto bastante aportado por el Estado, para atender a las necesidades sanitarias, escolares y de alojamiento digno, de los inmigrantes. En Alicante también, el diputado socialista y portavoz de su grupo en el Congreso, Jesús Caldera, ha dicho que 'el PSOE tendería una mano al PP, si rectifica en materia de inmigración', y que el ciclo político del partido de Aznar está en las últimas. El Gobierno ha dado pruebas de su incapacidad para reaccionar frente a los conflictos que se le han echado encima, como consecuencia de su propia y oscura gestión. Y eso sucede no sólo en Madrid, sino en la Generalitat valenciana, que evidencia meritoriamente su inoperancia y su agotamiento antes de lo previsto. Y es que mandar es de simples; pero gobernar democráticamente, prescindiendo de toda exhibicion de arrogancia, requiere ya unos principios y un escrupuloso respeto a la ciudadanía que en ningún momento se han manifestado.