Diálogo, nacionalismo y Constitución

He leído con mucho interés, y creo que atentamente, la opinión que Antoni Comín i Oliveres y José I. González Faus han puesto de manifiesto en su artículo ¿Diálogo para qué? Para defender la vida (EL PAÍS, 15 de enero de 2001). Todos tenemos siempre mucho que aprender. Los vascos necesitamos todas las ayudas posibles en los difíciles momentos que vivimos. Es de agradecer el esfuerzo de matización y argumentación de la que dan prueba estos dos autores. Vaya por delante que comparto básicamente el tenor fundamental de este artículo.

Pero, puesto que el diálogo, de verdad, no es posible sin crítica -la de las propias posiciones y la de los demás, pues, como escriben los autores citados, sólo se puede dialogar sobre lo que nos separa-, me gustaría dialogar con estas personas y con sus opiniones, dando expresión a algunas diferencias que mantengo con su argumentación. Son bastantes las que mantengo con aspectos puntuales del artículo.

Así, por ejemplo, si es un error que el PP piense que se defiende mejor el derecho a la vida echando al nacionalismo del Gobierno de Euskadi, y comparto la opinión de los autores, también lo será que para asegurar la tregua y la paz fuera necesario echar a los no nacionalistas del Gobierno, gobernar sólo los nacionalistas y seguir haciéndolo.

También tengo diferencias respecto de la afirmación de los autores de que el Pacto de Estella-Lizarra 'no obliga, en ningún caso, a entrar en él a quien no quiera hacerlo'. Pero el pacto -el de Estella-Lizarra- era condición necesaria para el mantenimiento de la tregua y la consecución de la paz. En esas condiciones, ¿qué significa afirmar que no obliga a quien no quiera? ¿Es el chantaje -si quieres tregua y paz, entonces soberanía- una obligación? ¿Y si no lo es, qué es entonces?

Pero la diferencia fundamental que me surge de la lectura del artículo no está dirigida a ninguna opinión concreta, a ningún argumento en particular. Los autores afirman con rotundidad que PNV y EA tienen todo el derecho del mundo a defender la soberanía, la autodeterminación y el 'ámbito vasco de decisión', siempre que, para ser considerados demócratas, se basen en el respeto del derecho a la vida y en el respeto, que no posicionamiento a favor, de la Constitución.

De la misma forma afirman que es legítimo que el PP se identifique con la Constitución, con la defensa que en ella se hace de la unidad de España y con el Estatuto vasco. (Curiosamente, parece que, en opinión de los autores, el PSOE no defiende ni lo uno ni lo otro, tampoco en el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo que han firmado con los populares). Y porque ambas posturas son de derecho y legítimas, los autores afirman que el diálogo consiste precisamente en hablar de esas posturas radicalmente separadas y en no poner como condición para hablar la renuncia a ninguna de esas posturas legítimas. Pero, estando de acuerdo con la última apreciación sobre no condicionar el comienzo del diálogo a ninguna renuncia, aquí empiezan mis preguntas. Cada parte tiene su derecho legítimo, no hay razones para pedirles que renuncien a nada; ¿en qué consiste entonces el diálogo? ¿En la constatación de las diferencias? ¿En la reafirmación del derecho y de la legitimidad de los planteamientos de cada uno?

Los autores apuntan a una respuesta posible citando a Ernest Lluch y a Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón. Apuntan a una reforma e interpretación de la Constitución que satisfaga, al mismo tiempo, los dos derechos y las dos legitimidades, fórmula que se me antoja como la cuadratura del círculo, si no hay algún movimiento de renuncia en alguna de las dos partes, en alguna de las dos posiciones. Creo que Ernest Lluch afirmó alguna vez que lo que él buscaba era la constitucionalización del PNV, y algún dirigente del PNV manifestó alguna vez que Constitución española para Euskadi, ni con derecho de autodeterminación.

Argumentar desde el derecho y la legitimidad de cada parte a mantener sus posiciones y sus planteamientos políticos con tal de que se haga respetando la vida me parece que queda corto y que equivoca la cuestión de fondo. Porque estamos hablando no de meros debates jurídicos, sino de la sociedad vasca. No estamos debatiendo posibilidades de legitimidad abstracta, sino que estamos tratando de la condición concreta actual de la sociedad vasca. E incluso algunos hablamos de la nación vasca y de sus posibilidades. ¿Dónde queda una sociedad vasca cohesionada e integrada a partir de la existencia en ella, con toda legitimidad, de dos derechos difícilmente reconciliables, de dos legitimidades contrapuestas? ¿Cómo se construye una sociedad no dividida desde la reclamación de derecho del cuadrado a seguir siendo cuadrado y del círculo a seguir siendo círculo? ¿Dónde queda la nación vasca? ¿En su propia afirmación como imposible eterno?

Me ha llamado siempre mucho la atención que el problema vasco se aborde generalmente en términos exclusivamente jurídicos, y muy pocas veces preguntando por el significado, las exigencias y las potencialidades de la realidad plural de la sociedad vasca. Si la referencia de todos los planteamientos fuera esa realidad plural, se llegaría a la conclusión de que los únicos derechos inamovibles son los básicos a la vida y a la libertad de las personas, y que los demás derechos y legitimidades debieran ser puestos siempre en el contexto de lo que significan para la realidad plural de la sociedad vasca, de lo que facilitan o dificultan respecto a esa pluralidad, a su mantenimiento y desarrollo.

Creo que no es posible construir sociedad vasca cohesionada e integrada asumiendo como valor positivo su profunda pluralidad en lo que a sentimientos de pertenencia se refiere, a partir de un discurso fundamentado en los derechos y legitimidades de los diversos planteamientos políticos. Me llama poderosamente la atención que cuando se plantea el 'problema vasco' desde posiciones intelectual-

Joseba Arregi es escritor y parlamentario del PNV.