Rifirrafe entre la Comunidad y la Audiencia Nacional por la custodia de un menor británico
Daniel C., está reclamando por la justicia británica por haber matado de un tiro por la espalda a un compatriota el pasado junio en un bar de Londres durante un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Fue detenido en septiembre en Fuengirola (Málaga). Es uno de los jóvenes de 16 y 17 excarcelados el pasado día 13 con motivo de la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor.
La Comunidad de Madrid, al igual que otras, se ha quejado de que el Gobierno central no le haya ayudado económicamente para crear centros en los que alojar a los menores que han sido o van a ser excarcelados en aplicación de la Ley del Menor. De ahí el rifirrafe ocurrido el pasado viernes entre el Gobierno madrileño, por una parte, y el Juzgado Central de Menores, que encabeza José María Vázquez Honrubia, y la fiscalía de la Audiencia.
Al determinarse que Daniel C. debía abandonar la prisión de Alcalá-Meco, los fiscales de la Audiencia se dirigieron al consejero de Justicia de la Comunidad, Carlos Mayor Oreja, para que indicase dónde debía ingresar preventivamente el joven británico. Mayor, tras alegar que no le correspondía el asunto, remitió a los fiscales a la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez.
Conflicto solucionado
El conflicto se solucionó después de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, advirtiese a la Comunidad de que podía incurrir en desobediencia si persistía en cerrar las puertas de sus centros al joven británico. Finalmente, junto con ocho marroquíes, ingresó en el reformatorio El Pinar en la noche del pasado sábado. Al firmar el acta de recepción, la directora de El Pinar, Florencia Pozuelo, hizo constar que admitía a ese joven 'en cumplimiento del auto judicial que así se lo ordenaba' y pese a 'no ser competente la Comunidad' en este caso.
Los días de Daniel C. en España están contados: está pendiente de que se solventen los trámites para su traslado en avión al Reino Unido. 'No podíamos dejarlo en libertad. ¿Qué habrían dicho los jueces británicos si lo liberamos porque no hay dónde meterle y huye', señalan fuentes de la Audiencia Nacional.
Tras horas de tensión, el problema de alojamiento del joven británico se solucionó, si bien fuentes judiciales de la Audiencia Nacional vaticinan ahora otros similares: '¿A dónde vamos a llevar a los menores implicados en hechos de kale borroka La Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, que modifica varios apartados de la Ley Penal del Menor, establece que los jóvenes detenidos por su intervención en delitos relacionados con el terrorismo pasarán a disposición del Juzgado Central de Menores y que las medidas que se les impongan las cumplirán en centros dependientes del Gobierno central. 'Para reinsertarlos hay que internarlos fuera del País Vasco, es decir, fuera del ambiente en que delinquen', según interpretan medios judiciales.
La disposición adicional cuarta de la mencionada ley establece en su apartado d): 'La ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia se llevarán a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno Pero el Ejecutivo que preside José María Aznar no ha creado centros ni dispuesto personal para atender a jóvenes implicados en delitos de 'terrorismo urbano' ni a tal fin ha firmado convenios con ninguna comunidad. Según fuentes gubernativas, el Ministerio de Justicia solicitó por escrito, el pasado 11, la colaboración de la Comunidad y ésta le transmitió al día siguiente su disposición a colaborar.
Madrid es sede del Juzgado Central de Menores pero aún no hay rubricado ningún convenio entre el Gobierno central y el Gobierno regional. Éste, por su parte, ha debido albergar en sus reformatorios a los jóvenes de 16 y 17 años que salieron de las cárceles madrileñas el pasado día 13. Tuvo que habilitar con carácter de urgencia el colegio San Vicente, que estaba destinado a niños desamparados, y convertirlo en el reformatorio El Pinar.
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