Profesores y asociaciones de vecinos denuncian que 800 alumnos del sur están escolarizados 'en situación deficiente'

El panorama de la educación en la zona sur de la capital no resulta muy alentador, al menos para el Movimiento por la Calidad de la Educación en el Sur y el Este de Madrid. Este colectivo, formado por profesores y asociaciones de vecinos, denunció ayer que 800 alumnos de esta zona están escolarizados 'en situación deficiente' o no se encuentran todavía en sus centros de destino. Los representantes del movimiento se reunirán hoy con el viceconsejero de Educación, Juan Carlos Doadrio.

Cinco miembros del movimiento aseguraron que hay 'bastantes obras' por ejecutar en los centros de educación primaria y en los institutos de educación secundaria de distritos como Usera, Villaverde o Carabanchel. Y eso a pesar de que tenían fecha de finalización para antes del 31 de julio, según afirmaron profesores afectados.

Los representantes de este colectivo explican que hace dos años se firmó un acuerdo por la calidad de enseñanza entre la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. Todo aquello quedó, según los afectados, 'en agua de borrajas'.

Ahora piden medidas urgentes a la Comunidad de Madrid, que es la competente en materia educativa. 'Las obras se acometen a la ligera y todo se hace al revés. El dinero también nos llega con cuentagotas, cuando realmente llega', explicó Manuel Jesús, un profesor del instituto Tierno Galván.

Uno de los principales problemas que ha encontrado el movimiento son las llamadas aulas de compensación educativa. Deberían funcionar en diez centros y contar con material suficiente para llevar a cabo su labor de reintegrar en el sistema educativo a los alumnos de 15 y 16 años más problemáticos. Actualmente aún no han abierto dos de estas aulas y el resto se encuentra, según el movimiento, sin material suficiente para desempeñar su trabajo. 'Prometieron dotarlas con dos millones de pesetas por aula y comprar la maquinaria necesaria, lo que suponía unos dos millones y medio por centro. Hasta la fecha no se ha recibido ni un duro. Tampoco han llegado los ordenadores que estaban previstos', explicó Paco Sevilla, miembro del colectivo.