El GIL acelera contratos millonarios en Ceuta antes de perder el Gobierno
La cuantía de estas 23 adjudicaciones a empresas para que elaboren los proyectos, muchos de ellos prácticamente irrealizables, es difícil de estipular. La oposición la cifra en unos 700 millones de pesetas, el Gobierno del GIL dice que serán poco más de 100 millones. Lo cierto es que se hará a toda velocidad. Hoy está convocada la mesa de contratación para acelerar al máximo el proceso. Además, y según el anuncio que se hizo público el viernes, sólo accederán a la contratación las empresas 'invitadas' por Emvicesa, un procedimiento excepcional que la ley contempla. El presidente regional del PP de Ceuta, Pedro Gordillo, anunció ayer que que pedirá a la Fiscalía Anticorrupción que abra una investigación por la convocatoria de estos 23 proyectos.
El Gobierno de Sampietro tiene prisa por un motivo esencial: la oposición, liderada ahora por el PP y un grupo de tránsfugas del GIL, presentó el viernes una solicitud para que se convoquen las juntas de las cuatro sociedades municipales más importantes, entre las que está Emvicesa. Con siete diputados, el GIL perderá el control de uno de los ejes de su Gobierno: es en estas sociedades donde se mueve la mayor parte del dinero en contrataciones, y sin ningún control, porque en los consejos de administración no hay ni un solo representante de la oposición, técnica habitual del GIL.
La nueva mayoría se propone, como primera medida, anular las 100.000 pesetas que cada asesor del GIL cobra por la asistencia a cada consejo de administración. Además de regular los salarios de los altos cargos, que suponen más de mil millones de pesetas, la mayoría destinados a pagar al centenar de asesores que Sampietro ha traído desde Marbella y otras zonas relacionadas con el GIL.
El Ejecutivo tiene, según la ley, 15 días para convocar las juntas. Si no lo hace, el secretario general de la corporación, un cargo técnico, lo hará en los siguientes 10 días. Ése es el tiempo del que disponen para arreglar asuntos pendientes.
Manuel de la Rubia, número dos del Ejecutivo, sostiene que todo se está haciendo conforme a la legalidad y según lo aprobado hace tres meses en un Consejo de Gobierno en el que aún estaban los cinco consejeros que ahora han abandonado a Sampietro para pactar con el PP. Y recuerda además que en los presupuestos de 2000 figuraba una partida, de 480 millones de pesetas, para este tipo de proyectos.
El más polémico de todos ellos es el del aeropuerto. La orografía de Ceuta, enclava entre dos montañas y sin posibilidad de crecimiento puesto que está rodeada por el mar y la frontera con Marruecos, hace inviable la construcción de una pista en tierra. Por eso el GIL ofreció en su programa electoral un faraónico aeropuerto internacional colocado sobre una isla artificial. La única manera de llegar ahora a Ceuta es con el ferry, que tarda poco más de media hora desde Algeciras, o con un helicóptero desde Málaga. Melilla sí tiene aeropuerto. Pero la viabilidad del aeródromo, cuyo coste superaría los 20.000 millones, es muy discutible, pues la ciudad cuenta con 75.000 habitantes y muy pocos de ellos deben trasladarse a diario a zonas lejanas, como Madrid.
Lo cierto es que la opaca gestión de Sampietro, contestada por la oposición, ha hecho que todavía no haya siquiera un proyecto de presupuesto para el año 2001 aunque debía estar aprobado hace más de un mes.
