El Gobierno endureció hace cinco meses los requisitos para regularizar ecuatorianos

La semiesclavitud en que viven los inmigrantes ecuatorianos saltó a las páginas de los periódicos tras la muerte de 12 de ellos en un accidente de tráfico en la localidad murciana de Lorca. El impacto que la noticia causó en la opinión pública animó el jueves al delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández- Miranda, a ofrecerles un 'trato especial' que incluía el pago de un billete de avión para que volvieran a su país a recoger el visado. Lo que nadie mencionó es que fue el propio Ejecutivo el que abocó hace cinco meses a gran parte de ellos a la irregularidad.

La situación ha sido denunciada por el abogado Emilio José Gómez Ciriano en la página web del Colegio de Abogados de Zaragoza y confirmada por Raúl Jiménez, portavoz de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en España Rumiñahui, y por la ONG SOS Racismo.

El 16 de agosto de 2000 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado un protocolo, firmado en Quito cinco años atrás entre España y Ecuador, por el que modificaba el Convenio de Doble Nacionalidad vigente desde 1964. El texto, que alteraba el artículo 8 del convenio, entró en vigor el 8 de septiembre.

Cambio legal

Hasta entonces, todos los ecuatorianos en España (y los españoles en Ecuador) disfrutaban de las ventajas de las legislaciones de ambos países aunque no estuvieran acogidos a los beneficios de la doble nacionalidad. 'En consecuencia', decía el artículo modificado, 'podrán (...) ejercer oficios y profesiones, gozando de protección laboral y de Seguridad Social (...), todo ello en las mismas condiciones que los nacionales'.

Aunque la Administración intentó negar frecuentemente estos derechos con el argumento de que los convenios remitían a la Ley de Extranjería, la jurisprudencia de los tribunales estableció que sólo necesitaban justificar en la frontera los motivos de su viaje a España y los medios económicos para su estancia en el territorio. Pero lo que realmente les beneficiaba era que la Administración no aplicaba el criterio de la situación laboral existente en España, que es el principal mecanismo del Estado para rechazar la regularización de los inmigrantes. En palabras del abogado Gómez Ciriano: 'Si el ecuatoriano tenía la cualificación necesaria, podía trabajar en cualquier puesto de trabajo existente en el mercado laboral español aunque hubiera españoles en situación de desempleo'. De este modo, miles de ellos accedieron a la situación de regularización administrativa.

La nueva redacción del artículo 8 ha eliminado esa ventaja. La clave está en esta frase: '(...) una vez concedidos los permisos de residencia y trabajo necesarios, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades...'. Es decir, ambos Estados sólo se obligan a dar ciertas ventajas a los nacionales del otro una vez hayan conseguido su permiso de trabajo y residencia con arreglo a la legislación española (y ecuatoriana) de extranjería.

De este modo, desde el 8 de septiembre la Administración tiene en cuenta la situación nacional de empleo para todas las solicitudes de trabajo de ecuatorianos por cuenta ajena. Por tanto, muchas ofertas de trabajo son denegadas. Y sus solicitantes quedan en situación irregular.

Un portavoz de la ONG SOS Racismo declaró que el Gobierno tomó esta medida a raíz de la llegada de ecuatorianos que huían de la crisis económica que vive su país. 'De esta forma', afirmó, 'los convirtió en ilegales'. Los repetidos intentos de EL PAÍS para obtener la opinión de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración no fueron atendidos.

Enrique Fernández-Miranda insistió ayer, en declaraciones a Europa Press, en su 'sugerencia' de que los ecuatorianos regresen a su país, 'con la garantía de que en el próximo contingente, el de 2001, y dentro del convenio con Ecuador, podrán volver a trabajar de forma legal a España'.

Pero la oferta iba acompañada de una advertencia: el secretario de Estado dijo que la medida era 'una salida excepcional a un auténtico drama con una situación humanitaria especial'. Afirmó que, en caso de que no la atiendan, deben saber que los expedientes de expulsión acarrean prohibiciones de hasta cinco años para volver a España.

La amenaza del Gobierno cobra especial fuerza ante el anuncio de que se dispone a firmar en los próximos dos meses convenios de repatriación con Ecuador, Nigeria y Polonia. También abrirá conversaciones con el mismo objetivo con Rumania, Senegal, República Dominicana y Colombia.