La rebelión de las operadoras inalámbricas

La telefonía vía radio puede morir de asfixia antes incluso de nacer. La culpa la tiene el móvil o, mejor dicho, el ansia recaudatoria del Gobierno sobre este negocio, que le llevó a imponer una tasa de 160.000 millones mediante una revalorización que no afectaba sólo a las operadoras celulares, sino a todas las empresas que utilizan como medio de transmisión el aire, técnicamente el 'espacio radioléctrico', como radios, televisiones y las compañías de telefonía inalámbrica.

La telefonía fija sin hilos estaba llamada a acelerar la introducción de la competencia en las llamadas locales, las que más realizan los ciudadanos, y que, pese a los dos años de liberalización, sigue siendo un mercado cautivo de Telefónica. Así lo creían los seis consorcios que se adjudicaron otras tantas licencias en el concurso fallado el pasado mes de marzo: Firstmark, Abranet y Aló 2000, en la banda de frecuencia de 3,5 gigahercios (Ghz); y Broadnet, Banda 26 y Sky Point, en la de 26 Ghz.

Tras la resolución de un concurso muy reñido (del que quedaron fuera gigantes de la talla de Telefónica y Airtel) las empresas se pusieron a trabajar para cumplir con el exigente plan de despliegue al que les obligaban las bases del concurso y que, en conjunto, representaban un compromiso de inversión de más de 300.000 millones de pesetas.

¡Y llegó el tasazo! A las empresas de telefonía inlámbrica les correspondieron 10.000 millones de pesetas de la tasa por la reserva del espacio radioléctrico, una cantidad que multiplicaba por 13 la fijada por el Gobierno en la convocatoria de las licencias.

Precio y obligaciones

A diferencia de lo que ocurre con el negocio del móvil, el gravamen español sobre la telefonía inalámbrica no tiene parangón en Europa. Según un informe realizado por una consultora especializada para las operadoras, la tasa que deben soportar éstas es la mayor con diferencia de todos aquellos países de la Unión Europea donde en la actualidad se han otorgado licencias: Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido.

Así, el coste soportado en tasas de espectro radioeléctrico por cada operador al final del plazo de la concesión asciende en España a 32.940 millones de pesetas, con una concesión por 20 años, frente a los 252 millones que tendrá que abonar cada uno de los operadores con licencia en el Reino Unido, los 2.696 millones de los franceses o los 33 millones de pesetas que deberán afrontar los alemanes.

Y es que, incluso con la tasa anterior a la revisión, el coste para cada operador nacional, de 2.336 millones de pesetas, era ya el más elevado de la UE.

Pero quizás el ratio más significativo que maneja el informe es el coste por operador y habitante al final del periodo de la licencia, que en el caso español asciende a 836.039 pesetas, diez veces superior a cualquiera otro del resto de los países que incluye el estudio: Irlanda, 88.140 pesetas por operador y habitante; Portugal, 70.314 pesetas; Bélgica, 59.116 pesetas; Finlandia, 46.678 pesetas; Francia, 44.632 pesetas; Reino Unido, 4.300 pesetas, o Alemania, con 398 pesetas.

Otro de los criterios comparativos que utiliza este informe es el del coste soportado por cada operador por megahercio otorgado, que da una idea del rendimiento que cada Estado está extrayendo del espectro, un recurso que es idéntico para todos los países en cuanto a capacidad de tráfico. De acuerdo al mismo, los operadores españoles deben afrontar un coste de 294 millones/Mhz, a mucha distancia de los 5,3 millones/Mhz de sus homólogos belgas, los 6,78 millones/Mhz de Portugal o las 583.000 pesetas/Mhz de los alemanes.

Pero es que además las licencias españolas son las que más obligaciones llevan aparejadas, ya que deben cumplir una serie de compromisos de despliegue, convenientemente avalados, frente a las de otros países como Finlandia, Reino Unido e Irlanda, donde no existe ningún requisito similar.

Para intentar paliar esta situación, los seis operadores han constituido una plataforma conjunta. Su primera iniciativa fue remitirle una carta el pasado mes de noviembre a los ministros de Economía, Hacienda y Ciencia y Tecnología, advirtiendo de la gravedad de la situación, y avisando con medidas legales si no se rectifica el incremento 'arbitrario y desproporcionado' de la tasa, que altera las condiciones del concurso. Desde entonces, han mantenido diversas reuniones con responsables de los ministerios afectados y, en particular, con el que dirige Anna Birulés, pero sin arrancar ningún compromiso formal.

Este departamento se ha comprometido a retomar las conversaciones tras las vacaciones navideñas. Desde la Administración, la eliminación de la tasa se ve como un imposible por razones legales, pero se muestran abiertos a estudiar otro tipo de compensaciones..

José Fernández Lizarán y Manuel Gordillo, primeros ejecutivos de Firstmark y Sky Point, los consorcios que más adelantados tienen sus planes de despliegue, reconocen que la situación es 'preocupante'. Para Alejandro Rivas-Micoud, responsable del máximo accionista de Aló 2000, que ha comprometido una inversión de 50.000 millones, si la tasa persiste y no se rebajan a cambio algunas condiciones, el negocio de estas operadoras será 'inviable'.

Mientras no se resuelva la incógnita de la tasa, el negocio de la telefonía sin hilos estará en el aire.