El único centro público de la Comunidad para acoger a menores excarcelados carece de medios

Cinco de los jóvenes ingresados en Pi Gros procedían del centro penitenciario de Picassent donde se encontraban internados como reclusos preventivos, pendientes de juicio, algunos de ellos como presuntos autores de un delito grave contra las personas. El sexto procede de la prisión de Castellón. Los cinco jóvenes llegaron en un furgón y el sexto en un coche de la Policía Nacional que entraron hasta el mismo centro, donde el día se desarrolló con relativa normalidad.

Los menores fueron recibidos por tres educadores que trabajaban hasta la fecha en un centro abierto para menores protegidos de menos de 16 años. Los funcionarios asumieron desde las tareas de recepción, para cumplimentar los expedientes de entrada, hasta las propias de su profesión. Junto a ellos se encontraba también el recién nombrado director del centro. Un guardia jurado vigilaba la entrada del centro como medida de seguridad.

La escasez de plantilla, que además no ha recibido la formación necesaria para tratar a los excarcelados, quedó de nuevo patente. El centro no contaba con un psicólogo ni con un asistente social o médico. Otro de los derechos previstos por la ley de los que, por el momento, no podrán gozar los jóvenes ingresados es el de recibir visitas ya que el centro carece de infraestructuras adecuadas.

Ni lugar ni personal

Las obras de remodelación para convertir un centro abierto en cerrado y cautelar finalizaron en la misma tarde del viernes, mientras que el mobiliario más necesario, como las camas que han de ser especiales, llegaron ayer.

Por el momento, los menores no podrán trabajar en ningún taller ocupacional, puesto que no hay ni lugar ni personal para ello. Al no haber plan educacional alguno, los jóvenes tampoco podrán recibir educación alguna. Los docentes que permanecen en el centro ofrecían enseñanza primaria, mientras que los nuevos ingresados deberían ser atendidos a través de un programa de educación de adultos.

Fuentes de UGT denuncian, además, que al menos tres de los jóvenes trasladados a Pi Gros son mayores de 18 años, cuando la entrada en vigor de la ley preveía una moratoria de dos años para el traslado de los jóvenes de entre 18 y 21 años que permanecen en prisión.

El centro privado de La Villa, en Villena, acogió a otros seis jóvenes. Dos de ellos cumplían condena en penales de Murcia y Lugo, pero han sido trasladados al centro más próximo a sus localidades natales.

El centro que la orden de los Terciarios Capuchinos mantiene en Godella no acogió a ningún menor excarcelado porque sólo está preparado para recibir a jóvenes de edades entre 14 y 16 años en régimen cerrado, o mayores de 18 en régimen abierto.

Rafael Blasco, consejero de Bienestar Social, subrayó la normalidad que presidió la primera jornada de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Blasco se limitó a destacar el número de plazas disponibles para acoger a los posibles menores excarcelados en la Comunidad Valenciana, en conjunto unas 60, y anunció la inmediata construcción de cuatro nuevos centros para desarrollar la nueva ley en la franja de edad de entre 18 y 21 años.

Los nuevos centros se construirán en Vinarós, Valencia, Elche y Alicante y tendrán capacidad para albergar a 147 posibles excarcelados.

Blasco admitió que los centros dispuestos en la actualidad son 'francamente mejorables', pero defendió las virtudes de la nueva ley para la posible reinserción de jóvenes delicuentes y sugirió que el debate político desatado en torno a la aplicación de la norma es interesado.

Fuentes de UGT, sin embargo, consideran que aplicar la ley sin los medios adecuados convierte en 'víctimas' de la nueva normativa tanto a los jóvenes excarcelados como a los funcionarios que deben atenderles en condiciones precarias.