El precio de la inflación

El año 2000 ha sido especialmente malo para la inflación. La subida de los precios en diciembre (0,3%) deja la inflación anual en el 4%, una cifra exagerada que nos coloca entre los tres países más inflacionistas del área euro. La inflación subyacente -que descuenta los precios de los alimentos frescos y productos energéticos- ha crecido una décima, hasta el 3%, y los precios de los servicios (sin alquileres), afectados sólo indirectamente por el choque petrolero, están en el 4,4%, un indicador escandalosamente elevado que revela dónde están los verdaderos problemas de la inflación española. La primera conclusión, pues, es que España tiene un problema de precios muy serio y que de él pueden derivarse otros que comprometan el clima de prosperidad que durante los últimos cuatro años ha vivido la sociedad española.

Con una tasa de inflación tan elevada, un primer elemento de inquietud es la negociación salarial. Los sindicatos UGT y CC OO ya han anunciado que para este año endurecerán sus peticiones, y resulta difícil argumentar en contra de esta decisión. En un cuadro económico de alta inflación y elevados beneficios empresariales, las rentas salariales pierden poder adquisitivo y, mientras se restablece el equilibrio de una inflación baja, los asalariados, que durante un trienio al menos han cooperado activamente a enfriar los precios, tienen derecho a reivindicar que sus rentas no se deterioren. Pero, si se relaja la moderación salarial de la que hasta ahora se ha beneficiado la política económica del Gobierno, las consecuencias sobre el empleo y el equilibrio presupuestario que pretende el Ejecutivo no van a ser precisamente buenas. Sin ánimo catastrofista, resulta que la economía española empieza el año 2001 con inflación muy alta y en un clima internacional en el que se respira la desaceleración del ahorro norteamericano.

Pero si el problema de los precios produce desazón entre quienes advierten la incapacidad del Gobierno para articular una política antiinflacionista eficaz, basada en la liberalización efectiva de mercados como el eléctrico, de telecomunicaciones o carburantes, los análisis y predicciones que transmiten los altos cargos de la Administración causan más inquietud. Según la interpretación del secretario de Economía, José Folgado, la inflación bajará durante este año si el euro se revaloriza, los salarios suben por debajo del IPC previsto, la demanda interna se enfría y el petróleo no sube o mantiene su precio. Demasiadas condiciones, entre las que sorprende, una vez más, que no haya ninguna relativa a la política del Gobierno. ¿Su contribución será sentarse y esperar a que todas esas condiciones se cumplan? La raquítica bajada de tarifas eléctricas parece indicar que no está dispuesto a hacer mucho más.