La Ley del Menor le costará a la Comunidad 2.000 millones por la falta de ayuda de Aznar

La aplicación, a partir de mañana, de la nueva Ley del Menor -que obliga a pasar de la cárcel al reformatorio a los presos de 16 y 17 años- le costará a la Comunidad, sólo en este año, 2.000 millones de pesetas. El consejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo, explicó ayer tras el Consejo del Gobierno regional que el Ejecutivo presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP) asumirá los costes de la nueva ley, dado que el Gobierno central de José María Aznar (PP) no ha puesto ni una peseta. El consejero añadió que éste será uno de los asuntos que la Comunidad pondrá 'encima de la mesa' cuando se pacte el nuevo sistema de financiación de las autonomías, una negociación cuyo inicio está previsto para finales de este mes.

Cobo salió al paso de las críticas a la precipitación de la Comunidad en este asunto -el reformatorio que acogerá a los 29 primeros excarcelados empezó a habilitarse hace sólo diez días- señalando que en Madrid se pensó que la aplicación de la ley, aprobada en enero de 2000, se retrasaría cuatro o cinco meses más.

Por lo que respecta a la empresa Cicerón, encargada de gestionar el centro a pesar de no tener experiencia en el trato con menores delincuentes y de estar aún en trámites de inscripción en el registro de asociaciones, el consejero aseguró que el convenio firmado con ella es totalmente válido. Cicerón recibirá 336 millones de pesetas para gestionar el reformatorio o Centro de Educación Cerrada El Pinar, ubicado en el edificio del antiguo colegio San Vicente.

'De la misma forma que antes de la telefonía móvil nadie tenía experiencia en ese campo', dijo Cobo, 'nadie' podía contar en España, según el consejero, con experiencia en una ley que aún no se ha aplicado. Sin embargo, en la región sí existen otras entidades que trabajan desde hace años con menores que han cometido delitos de diversa índole.

Por otra parte, y a 24 horas del traslado al nuevo reformatorio de 29 presos preventivos de 16 y 17 años, la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto de enseñanza secundaria San Fernando, próximo al centro, ha anunciado que no quiere tener tan cerca a los menores delincuentes y que plantará cara al Gobierno regional para que anule la medida. Padres y alumnos iniciarán esta noche un encierro; ayer ya se concentraron en la zona para protestar. 'Queremos estudiar sin miedo', rezaba una de sus pancartas.