La Comunidad paga 366 millones a la asociación Cicerón para que gestione el nuevo reformatorio

'Nosotros no podíamos decir a la Administración general del Estado que nos desmarcábamos de este asunto y que no poníamos en marcha el proceso' por falta de dinero, declaró Cobo. 'Al igual que muchos otros [el resto de las comunidades], tendremos que ponerlo sobre la mesa cuando se establezca el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas'. El inicio de las negociaciones entre el Gobierno central y las autonomías está previsto para finales de este mes.

Pese a no haber recibido ni un duro del Ejecutivo central, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón dio ayer luz verde para que la asociación sin ánimo de lucro Cicerón reciba 366 millones para gestionar el reformatorio ubicado en el complejo de la Ciudad Escolar de San Fernando, en Fuencarral. Llevará el nombre de Centro de Educación Cerrado El Pinar y tiene prevista su apertura mañana, cuando entra en vigor la nueva ley, promulgada el 12 de enero de 2000.

Fuentes del equipo de Ruiz-Gallardón reconocen que, en parte por la incertidumbre que ha supuesto no contar con financiación desde el Gobierno central, la Comunidad 'se ha visto obligada a trabajar a matacaballo' para poder responder a las exigencias de esta ley. 'Es una ley muy buena, pero no viene financiada', señaló el consejero.

La Comunidad aprobó así la firma del convenio con la asociación Cicerón, pese a que ésta aún no está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Cicerón presentó hace unos días su solicitud para inscribirse en el registro.

Sin experiencia

El consejero disculpó la falta de experiencia de esa empresa y su reciente creación, porque tanto la ley como la situación que se crea son nuevas, de manera que 'nadie' podía contar con experiencia. Pero en la región sí existen otras entidades que trabajan desde hace años con menores delincuentes.

El consejero insistió en que la ley autoriza la gestión de este tipo de centros por una entidad privada sin ánimo de lucro, y reiteró que en España sólo hay dos asociaciones que puedan llevar a cabo estas labores. La Comunidad firmó el convenio con la asociación Cicerón tras comprobar que había presentado 'un proyecto muy serio y muy bien elaborado'.

Cobo recordó que en la asociación Cicerón hay personas relacionadas con Instituciones Penitenciarias -entre ellas, la ex directora general Mercedes Jabardo-, y destacó que tienen 'la suficiente capacidad y profesionalidad para la colaboración requerida', al contar en su equipo con médicos, psiquiatras, psicólogos y abogados.

El portavoz del Gobierno regional consideró 'muy fuerte' que la diputada del PSOE-Progresistas Cristina Almeida hubiera intentado ayer visitar el complejo escolar de San Fernando sin avisar. 'Ni el presidente tiene acceso a cualquier sitio. Espero no encontrármela ahora en mi despacho', ironizó. Almeida intentó visitar las obras del reformatorio junto a otros diputados del PSOE e IU y un grupo de periodistas, pero el Gobierno regional se lo impidió.

Sobre las prisas con las que se han hecho las obras del reformatorio y el traslado de los anteriores ocupantes del edificio (40 niños desamparados acogidos por la Comunidad), Cobo explicó que las comunidades tenían el convencimiento de que, aunque la ley entra en vigor mañana, las excarcelaciones de los menores que estaban en prisión preventiva no se producirían hasta dentro de cuatro meses. Según la Comunidad, supo que iba a ocurrir esto cuando así lo aclaró una disposición publicada en el BOE el pasado 23 de diciembre.

Y enfatizó: 'El centro está en un sitio adecuado' y los menores no van a estar 'aislados en una montaña pelada a 60 kilómetros del centro, con un sistema de rejas, perros de presa y verjas electrificadas', como, en su opinión, preferirían los 'represores'.

La reforma del futuro reformatio de El Pinar comenzó el 2 de enero. Se han derribado tabiques e instalado rejas en la primera planta y se ha habilitado un patio de 500 metros. La concejal socialista Marta Rodríguez Tarduchi denunció ayer que las obras se han hecho sin licencia municipal. La concejal del PP en Fuencarral, Nieves Sáez de Adana, replica que estos trabajos 'no requieren licencia y se pueden llevar adelante porque no se piensa tocar ninguna estructura del inmueble y son reformas menores'.