El embrollo

La fusión Endesa-Iberdrola ha dado lugar a numerosas manifestaciones que, aunque son muy razonables, no orientan mucho, porque parecen contradictorias. Por ejemplo, tienen razón Unda y Ruscalleda, consejeros de la CNE, al opinar que, si se deja en manos de la empresa fusionada más de un 30% de la generación de un mercado cerrado a las importaciones, no habrá competencia, porque el precio será manipulado. Pero también tiene razón la mayoría de la CNE cuando dice que el mercado español no puede funcionar peor si se aprueba la fusión, ya que, como muestra en otros documentos, ahora tampoco funciona. Tiene razón Repsol cuando advierte de que, si la empresa fusionada se queda con una parte exagerada del monopolio de distribución, será imposible que exista competencia en la comercialización. Pero también tiene razón Endesa cuando le contesta diciendo que las reglas que se le apliquen a ella deberían aplicarse a todos.

Estas aparentes contradicciones surgen porque la fusión propuesta no se plantea en un mercado normal que funcione en competencia. Sólo se puede salir del enredo si nos damos cuenta de que el problema del sector eléctrico español es que, con la regulación vigente y la estructura actual, no hay competencia y seguirá sin haberla, se apruebe o no se apruebe la fusión, con condiciones o sin condiciones. El problema es que el marco regulatorio actual, que procede de dos leyes bienintencionadas, la socialista de 1994 y la popular de 1997, no ha hecho posible la competencia. Ninguna de las dos leyes se atrevió a romper la relación entre los negocios monopólicos y los competitivos, y ello, junto a la concentrada estructura española, hace imposible que aparezca la competencia. La situación empeoró aún más cuando, en contra de la opinión de la CSEN y sin dejar opinar al Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno fusionó Endesa con Fecsa y Sevillana y dejó reducido el sector a cuatro empresas. Entonces, para tranquilizar a los que les preocupaba tanta concentración, Gobierno y monopolios firmaron solemnemente que a partir de entonces no habría más fusiones entre esas cuatro empresas.

Cualquiera que sea la decisión que se adopte sobre la actual y discutida fusión será necesario revisar la legislación eléctrica si se quiere sinceramente introducir competencia. Habrá que separar absolutamente los monopolios de distribución, transporte y operación del sistema del resto de las actividades eléctricas. Habrá que revisar la estructura horizontal de la actividad de generación más allá del tímido e inútil intento del decreto-ley de junio pasado. El Gobierno deberá dejar a todos los consumidores españoles la posibilidad de elegir compañía suministradora, como ya pueden hacer los suecos o los alemanes. Y al revisar nuestra legislación debería aprovecharse la experiencia de otros países que van por delante de nosotros en la liberalización, como, por ejemplo, Inglaterra, que no ha dejado a ninguna empresa eléctrica controlar más del 10% del monopolio de distribución.

Para que cambie el contenido de la legislación hay que empezar por cambiar la forma de elaboración. Hasta ahora, la legislación se ha elaborado a través de negociaciones sin publicidad entre el Gobierno y los monopolios eléctricos, al margen del interés de los consumidores, y sin una discusión en profundidad en el Parlamento. Esta forma de proceder ha llevado a que la legislación aprobada protegiera en exceso a los monopolios, dejándoles acumular recursos excepcionales a costa de los consumidores, que no son sino las demás empresas españolas, las que no tienen la posibilidad de disfrutar de monopolios y que actúan en competencia. Para cambiar las formas e impedir que la legislación favorezca exclusivamente a los monopolios deberíamos inspirarnos, por ejemplo, en las normas de EE UU que prohíben las reuniones secretas entre reguladores y regulados, o en las tradiciones británicas de escuchar reposadamente a expertos y afectados antes de acometer un cambio legislativo. Y mientras no cambien los contenidos y las formas de la regulación eléctrica, el embrollo eléctrico (¿por qué, después de seis años de tantas leyes, decretos-leyes, enmiendas de última hora en el Senado, organismos reguladores y tribunales de competencia, no hay todavía competencia en el sector eléctrico?) seguirá acompañándonos.