Una ciudad políticamente inestable

Ceuta no es una ciudad muy estable en lo que a política se refiere. De hecho, ésta es la segunda ocasión en poco más de un año y medio que el Gobierno local queda en minoría. El 10 de agosto de 1999, la entonces vicepresidenta primera de la Asamblea y diputada del PSOE, Susana Bermúdez, abandonaba la disciplina de partido, ingresaba en el Grupo Mixto y firmaba la propuesta para someter al anterior presidente, Jesús Fortes, del Partido Popular, a una moción de censura en connivencia con los 12 diputados que el GIL había obtenido en las elecciones.

La moción desbancaba del Gobierno ceutí a PP, PSOE y Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC), fuerzas que se habían unido para formar un pacto anti GIL, ya que esta formación, con 12.000 votos, estuvo rozando la mayoría absoluta con 12 de los 25 diputados que componen la Cámara.

La votación se celebró trece días después, el 23 de agosto. Hasta entonces, la tránsfuga Susana Bermúdez había permanecido fuera de Ceuta y su primera aparición pública la hizo del brazo de Jesús Gil y Gil, presidente del partido, que acudió a la ciudad en persona para presenciar cómo su candidato, Antonio Sampietro, se hacía con la presidencia del Gobierno de la ciudad autónoma.

El pleno, que fue presenciado por unas cien personas -otras 1.500 aguardaban expectantes en la calle-, concluyó en una hora. Una semana después, el nuevo Gobierno tomó posesión en la plaza monumental de las Murallas Reales, un histórico recinto del XVIII, símbolo del carácter militar de la plaza ceutí, y donde fue investido Antonio Sampietro como presidente. El apoyo de Susana Bermúdez fue recompensado con el puesto de consejera de Cultura y Patrimonio. En ese mismo acto también tomaron posesión de sus cargos los cinco consejeros ahora dimisionarios.

Desde entonces, el GIL ha gobernado la ciudad con fuertes críticas por parte del PP y PSOE, especialmente dirigidas a la proliferación de sociedades municipales adscritas a las consejerías, el incremento en la plantilla del personal de confianza -que supera el centenar de personas- y las visitas de los miembros del Gobierno a los juzgados por denuncias de prevaricación o por acusaciones planteadas por la Fiscalía Anticorrupción.