La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales apoya al Supremo

Las dos únicas asociaciones de fiscales acogieron positivamente la decisión del Supremo. José Antonio Martín Caro, de la Asociación de Fiscales, indicó que el Gobierno ha entendido incorrectamente el derecho de gracia, ya que éste sólo puede perdonar la pena que resta por cumplir, mientras que la pena ya cumplida, como la expulsión de la carrera judicial, sólo podría eliminarse mediante una amnistía, prohibida por la Constitución. 'Lo que ha dicho el Tribunal Supremo lo veo muy razonable', declaró Martín Caro a Servimedia. 'Es aplicar la ley'.

Adrián Salazar, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se congratuló de la decisión del Tribunal Supremo, que 'ha hecho lo que correspondía' al negarse a dar cumplimiento a un decreto de indulto con el que el Gobierno se extralimitó en sus funciones y desnaturalizó el derecho de gracia.

Tras reiterar su confianza en las instituciones del Estado de Derecho, Salazar se mostró convencido de que esta decisión zanjará el asunto y de que no volverá plantearse la posibilidad de que un juez condenado por prevaricación se ponga la toga.

En una línea muy similar, Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), se congratuló de una decisión que demuestra que en España hay separación de poderes y, por tanto, independencia judicial.

Comas subrayó que el Supremo 'no es un servidor de ningún gobierno y está sometido sólo al imperio de la ley'. En el caso de Gómez de Liaño, subrayó, 'el Gobierno ha incumplido la ley, según ha establecido el Tribunal Supremo, al pretender indultar una pena que ya estaba cumplida y que, según la propia ley de indulto, es un supuesto excluido del derecho de gracia'.

'El Gobierno', agregó, 'se apartó del informe del tribunal sentenciador, en el que ya se explicaban las razones legales que impedían el reintegro en la carrera judicial. El Gobierno pretendía usurpar las competencias del Consejo General del Poder Judicial', concluyó.

José Luis González Armengol, portavoz de la asociación centrista Francisco de Vitoria, dijo a Efe que la decisión del Supremo es 'acertada y correcta', ya que 'no es indultable una pena que ya ha sido ejecutada', como la expulsión de la judicatura.

'Desde la perspectiva meramente jurídica', más allá de las connotaciones políticas y mediáticas, la decisión es 'lógica', ya que el decreto de indulto 'contenía aspectos que chirriaban'.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) fue la única que se alineó con el Gobierno frente al Tribunal Supremo. Su portavoz, José Luis Requero, declaró a Europa Prees que la decisión del alto tribunal constituye 'un hecho sin precedentes' que puede generar un conflicto institucional.

En su opinión, el Gobierno tiene constitucionalmente reconocida la potestad de ejercer el derecho de gracia, por lo que 'probablemente [el Supremo] ha invadido un ámbito de competencia' del Ejecutivo al rechazar el reingreso de Gómez de Liaño en la carrera judicial.

En todo caso, agregó, habrá 'un antes y un después' de esta decisión en la forma de concebir el indulto, que pasa a ser 'una facultad del tribunal sentenciador'. Aunque sin descartarlo, el portavoz de la APM consideró 'muy complicada' la vía del conflicto de jurisdicción y abogó por una reforma de la ley de indulto y del Código Penal para aclarar legalmente la cuestión.

El juez Joaquín Navarro, sujeto a expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial, arremetió contra el Supremo, del que dijo que 'se ha metido en camisa de once varas' y 'ha censurado al Gobierno'.