Chispas eléctricas
El anuncio de fusión entre Endesa e Iberdrola y la necesidad de su autorización por el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de alegaciones por parte de distintas empresas, asociaciones y organismos. Más allá de la opinión que expresan sobre la operación, se trasluce de los mismos un análisis sobre la situación del sector eléctrico español que me parece altamente importante y que avala muchas de las tesis defendidas por los socialistas.
Se constata que no existe competencia en dicho sector. Por tanto, aunque sigamos siendo uno de los países europeos con la electricidad más cara, las bajadas que se han producido estos años no son atribuibles a ganancias de eficiencia competitiva, sino a factores externos como la caída en los tipos de interés.
También se confirma que la estrategia de liberalización puesta en marcha por el Gobierno del PP no nos acerca a una situación de competencia más que de manera tímida e insuficiente. Dado que éste fue el principal motivo por el que votamos en contra de las medidas aprobadas el pasado mes de junio, reconforta comprobar que nuestro análisis de entonces es ampliamente compartido hoy en el sector.
'Cualquier complacencia con la situación competitiva del mercado eléctrico tiene más que ver con la formalidad de la liberalización emprendida que con la realidad de lo que pasa en el mercado', se dice en una de las alegaciones presentadas. Y ello es así porque la realidad demuestra que una empresa que domina el 40% del mercado de generación se sitúa en posición clara de dominio con independencia relativa del número total de operadores. Si además esta empresa está integrada verticalmente y controla de manera relevante la distribución y la comercialización de electricidad, puede efectuar operaciones de transferencia interna de rentas entre unas actividades y otras con el objetivo de manipular precios para impedir la entrada de nuevos operadores en los segmentos liberalizados.
Con esa estructura de oferta, consagrda por las medidas liberalizadoras de junio, seguir incrementando de manera tímida el número de operadores con derecho a elección de compañía es inicuo. No puede hablarse de un mercado real, como prueba el escaso número de cambios de compañía que se ha producido por las dificultados existentes y el incremento pactado de precios de hasta un 21% que han impuesto las compañías para este año a este segmento de clientes.
La liberalización por el lado de la demanda debe avanzar más rápidamente con el establecimiento inmediato de la libertad total de elección de suministro eléctrico para todos los consumidores, pero, sobre todo, debe verse acompasada por una mayor competencia efectiva en el lado de la oferta. Y la mayoría de las observaciones presentadas coinciden con un esquema de liberalización efectiva del sector como el defendido por el PSOE: limitar al 20% la capacidad máxima de generación por empresa; separación jurídica del negocio de generación y distribución; separación absoluta entre distribución y comercialización, con límites máximos en esta última. Es decir, romper de verdad tanto las posiciones de dominio en generación y comercialización como la integración vertical entre actividades. Y no es por ahí por donde ha ido la estrategia del Gobierno.
La operación Endesa-Iberdrola ha permitido sacar a la luz también dos asuntos colaterales pero de la máxima importancia: el error que supuso la aprobación por el Gobierno, con la oposición del PSOE, de los costes de transición a la competencia (CTC), que recargan nuestras tarifas en un 4,5% en beneficio de las compañías, y el llamado riesgo regulador o el excesivo intervencionismo y discrecionalidad del Gobierno en estos asuntos.
Más allá de que los CTC puedan ser puestos en cuestión por la Comisión Europea declarándolos ayuda pública ilegal -lo que exigiría que el Gobierno arbitrara un sistema para su devolución a los consumidores-, el plan de cesión de activos de que hablan las empresas que quieren fusionarse, aun siendo inconcreto, demuestra que aquellos activos que supuestamente iban a quedarse sin valor como consecuencia de la liberalización y que debían, por tanto, ser financiados por los consumidores a través de los CTC, parecen tener una alta valoración por el mercado. Este hecho afecta al mismo concepto de CTC, pero sobre todo a la cuantía realizada por el Gobierno (más de un billón de pesetas), claramente excesiva y generosa para las compañías.
Por último, se ha puesto en evidencia la ausencia de normas claras sobre el proceso y el excesivo margen discrecional de un Gobierno que no ha manifestado el menor interés en corregir esta situación a lo largo de estos años y que, antes bien, la ha ido incrementando. La mejor prueba de esta realidad es el nulo esfuerzo realizado por las empresas que quieren fusionarse en demostrar las ventajas de dicha fusión en una mejora de la eficiencia interna. Saben que la decisión gubernamental no será técnica.
No sé cuál será la decisión final sobre la fusión. Si aceptarla con condiciones pactadas, si imponer condiciones tales que la hagan inviable o... aplazarla en demanda de más información; en suma, si siguen anteponiéndose los intereses de las grandes empresas a los de los usuarios y consumidores con falsas liberalizaciones o se empieza a cambiar de actitud. Pero, en todo caso, el edificio de política energética puesto en pie por el PP en estos años está haciendo demasiadas aguas como para que no se exijan y asuman responsabilidades políticas a sus responsables. Con fusión o sin fusión
Jordi Sevilla es secretario de Política Económica del PSOE.
