El plan de El Cabanyal crea un precedente sobre zonas históricas protegidas

La reciente resolución de la Consejería de Cultura sobre el plan municipal de prolongar la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal crea un precedente en materia de protección de zonas históricas e introduce un elemento interpretativo que puede acarrear serias dificultades en la defensa de otras actuaciones, como la prohibición de construir en el solar de Jesuítas.

La interpretación laxa de la Ley de Patrimonio, que la Generalitat aprobó hace dos años, en virtud de la cual la subsecretaria de la Consejería de Cultura, Ascensión Figueres, informó favorablemente del plan municipal, sienta un serio precedente por cuanto proporciona argumentos para la defensa de determinadas iniciativas previstas en zonas históricas de especial protección. La resolución, que fue ultimada también por el propio consejero de Cultura, Manuel Tarancón, ahonda en la ya de por sí difusa frontera que separa la planificación urbana y la protección de barrios históricos, primando la primera.

La citada ley se promulgó con la finalidad de proteger, conservar y difundir el patrimonio valenciano. Sin embargo, en una de las primeras actuaciones de importancia en que ha sido aplicada, se ha permitido la apertura de una vía de 48 metros por un barrio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993 con la justificación de que mejora la conservación y regeneración del mismo.

Sin modificación

El Ayuntamiento no ha modificado un ápice de su proyecto original, el que los técnicos de Patrimonio consideraron insuficiente para justificar la intervención en una trama que fue, precisamente, el aspecto más valorado cuando fue protegido con la figura del BIC. Desde el Consistorio no ha habido propuestas alternativas menos agresivas con la estructura urbana, limitándose a entregar cinco nuevos informes (tres de ellos realizados por técnicos municiapales) que han sido, finalmente, los que han proporcionado los argumentos a la resolución de Figueres.

Con la resolución se venido a zanjar un supuesto conflicto entre Tarancón y la alcaldesa, Rita Barberá, a raíz de que trascendiera el informe negativo de Patrimonio, que motivó la intermediación del vicepresidente del Consell, José Luis Olivas, y del presidente, Eduardo Zaplana. Barberá dio las gracias profusamente el viernes, día de la resolución, al titular del Consell y a Tarancón, obviando cualquier lucha intestinal en el seno del PP valenciano. Tras aumentar su mayoría absoluta en los últimos comicios municipales, dificilmente se entendería que el Consell pusiera trabas a un proyecto impulsado directamente por la alcaldesa Rita Barberá.

Por otra parte, el Consell prepara cambios en el organigrama de la Consejería de Cultura y Educación que afectará a la direccción general de Patrimonio Artístico, que recayó en la también responsable de Promoción Cultural, Museos y Bellas Artes, Consuelo Ciscar, después de la remodelación de 1999, en la que se destituyó a Carmen Pérez. Un cambio esperado que se demora desde hace meses y en el que se perfilan varios candidatos. También podría producirse el pase de la actual directora general de Centros, Concha Gómez, a la dirección del recientemente creado Instituto Valenciano de Calidad Educativa, por lo que se debería cubrir otra vacante.