El presidente de la Audiencia y el juez decano reclaman más magistrados para que la nueva ley civil sea eficaz
La opinión de que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil va a nacer coja si no se le dota de medios -por ejemplo, más juzgados- la comparten el presidente de la Audiencia de Madrid, Antonio García Paredes, y el juez decano, Fernando Fernández Martín.
García Paredes se ha dirigido incluso al defensor del pueblo, Enrique Múgica, para que interceda ante la Administración y que ésta destine medios a su instancia judicial, que hoy posiblemente es la más colapsada de España. Los magistrados de la Sección Civil están tardando más de dos años en resolver los recursos que les llegan. La Audiencia ha terminado 2000 con unos 30.000 asuntos pendientes de años anteriores.
García Paredes lleva meses reclamando, sin éxito, que se creen otras cinco secciones, con tres jueces cada una, para afrontar los asuntos pendientes. Las 12 que hay no dan abasto, pese a que cada año están aumentando su número de resoluciones. Sin las nuevas secciones, la reciente ley que regula el proceso civil (y que exige una mayor presencia de los jueces en todos los actos judiciales) será un fracaso, según vaticina el presidente de la Audiencia. Sólo con cinco secciones más se puede poner al día, en un plazo de tres o cuatro años, esta sección.
El juez decano opina lo mismo. Fernández advirtió ayer a este periódico de que hay que dotar a la nueva normativa de medios para que surta los efectos previstos. Según Fernández, para aplicar adecuadamente esta ley, Madrid necesita 30 nuevos juzgados de primera instancia, 10 de los cuales deben crearse con carácter de urgencia. 'Se pueden establecer fases para la creación de los 30 juzgados, pero necesitamos ya 10', explicó. Hace cinco años, el atasco de asuntos no sólo estaba en la Audiencia. Los juzgados de primera instancia, que han visto aumentar su número en este tiempo, han logrado reducir a siete meses las esperas de casi dos años que se registraban hace cinco años.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil es la que regula el proceso civil, y nace hoy con la finalidad de acelerar los trámites procesales y evitar los endémicos retrasos que ha sufrido esta jurisdicción en los últimos lustros.
