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Reportaje:

'Peor que el efecto 2000'

La Ley de Enjuiciamiento Civil no se podrá aplicar hasta mayo, teme el decano de los jueces de Valencia

Conocida por las siglas LEC, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se estrena hoy con dos certezas previas de buena parte de quienes trabajan en el mundo de la judicatura: que es un texto moderno, innovador y con el propósito de acelerar el paso por los tribunales; y que son tantos los recursos humanos, técnicos y formativos que exige y no se han cumplen a día de hoy que el efecto será el contrario. 'Habrá cierto colapso en la Justicia. El impacto de la aplicación de la LEC se prolongará más de lo que cabía esperar', asegura Fernando de Rosa, decano de los jueces de Valencia.

En esencia, la LEC presenta novedades importantes. La posibilidad de reclamar una deuda menor de cinco millones de pesetas sin necesidad de recurrir a abogado y procurador, es una de ellas. También, que cualquier particular se puede beneficiar de una sentencia favorable aunque no haya sido parte en el proceso. Otra, es que el juez tiene la obligación de estar presente en todas las pruebas y eso significa que habrá un único juicio o vista. Asimismo, permite la ejecución provisional sin fianza para evitar que la resolución se eternice a base de recursos. También se simplifica la liquidación de bienes gananciales que hasta ahora hacía inacabable una demanda de separación o de divorcio, y se activan los juicios verbales rápidos para resolver impagos de alquiler y deshaucios.

'Si se pudiera aplicar tal como establece la propia norma, la Justicia sería más eficaz, más rápida y el ciudadano sentiría que recurrir a ella es sencillo y operativo. Pero, de momento, no será así', afirma De Rosa.

La realidad en los juzgados quita buena parte de los méritos a la LEC. Faltan jueces, faltan salas, en el edificio de los juzgados de Instrucción y Primera Instancia de Valencia sólo una sala cuenta con la preinstalación para cámaras y micrófonos para la grabación de los juicios tal como establece la ley, los cursillos de formación ofrecidos por la Consejería de Justicia no han sido suficientes ya que eran voluntarios y con plazas reducidas -CC OO calcula que sólo entre un 15% y un 20% los funcionarios ha recibido formación, lo que significa que el reciclaje no se ha hecho y que ni abogados ni funcionarios conocen la ley- y el programa informático aún no se ha instalado. 'Seguimos teniendo', bromea un agente judicial, 'fantásticos ordenadores a modo de máquinas de escribir'.

'Confiamos', dice el decano de los jueces, 'en que antes de mayo, que será cuando verdaderamente se pueda aplicar la nueva ley, buena parte de las carencias hayan desaparecido'.

¿Por qué mayo? Pues porque aunque la ley entra en vigor hoy, se acumulan demandas que han quedado registradas bajo la vigencia de la norma anterior. No podrán ser vistas antes de esa fecha. De hecho, entre los días dos y cinco de este mes de enero se han presentado en el registro del decanato 1.800 demandas -cuando en un mes se presentaban alrededor de 1.000-. En Paterna, con cinco juzgados, se han presentado entre esos días 140, cuando en todo el año 2000 la cifra fue de 400. 'Es peor que el efecto 2000', declara Fernando de Rosa.

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Según fuentes de CC OO y del Colegio de Abogados de Valencia, la avalancha se ha producido porque los letrados prefieren que sus causas se vean según el texto viejo y no bajo el recién estrenado. Este último ni ellos ni los jueces lo conocen. 'Parece mentira que haya habido un año de tiempo para prepararse ante la aplicación de esta ley. No hay libros de la ley disponibles, en el mejor de los casos sólo tienen el juez y el secretario. La política de formación ha sido tan desastrosa que en algunos sitios, como en Llíria, los jueces y secretarios se encargaron de dar clase al resto de funcionarios', comentan desde la sección sindical de CC OO.

Existe otro problema añadido: la falta de juzgados y de espacios adecuados para la celebración de juicios. Por ejemplo, y según explicación del decano, los juzgados de primera instancia dispondrán de la sala de vistas tres días a la semana y los de instrucción de dos para los juicios de faltas. Eso significa que, en el caso de primera instancia, podrán celebrar tres juicios al día que son nueve a la semana. En una año, sin contar los descansos vacacionales, la cifra total rondaría entre los 450 y los 500. En ese mismo periodo son 800 los que deberían hacerse.

'Pedimos más jueces y juzgados pero el ministerio no aprobó sólo la creación de cuatro juzgados nuevos en la Comunidad, aunque podría ser que en Alicante hubiese uno más de Familia a finales de año. Es cierto que faltan jueces pero tal vez convendría revisar la figura del secretario. Es alguien que ha aprobado unas oposiciones muy duras y que a lo mejor podría pasar a juez', afirma Fernando de Rosa.

De Rosa cree que el gran problema de la Justicia es la distancia abismal que existe entre las normas que se aprueban y lo obsoleto de la estructura y el funcionamiento. 'Hacemos leyes muy buenas que no dan su fruto porque chocan con un mecanismo que ha caducado. Debería trabajarse en un cambio global, hacer un gran pacto por la Justicia que favorezca la reforma de los servicios. Tenemos que pensar qué tipo de oficina judicial queremos, activar una política de servicios comunes y disponer de servicios de atención al ciudadano que funcionen en horario de tarde'.

'Hemos tenido que ir poniendo soluciones a los diferentes problemas sabiendo que en muchos casos son insuficientes. Lo cierto es que a pesar del esfuerzo, el resultado inmediato no va a ser bueno para el ciudadano. No basta con tener buenas leyes. Hay que poder aplicarlas', concluye el decano de los jueces.

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