Guerra de competencias por el control de la isla

Ningún espacio en la provincia de Alicante está sujeto al control de tantas administraciones públicas como la isla de Tabarca: Ayuntamiento de Alicante, varias consejerías de la Administración autonómica y un puñado de departamentos ministeriales. Pero tan exahustivo control está produciendo el efecto contrario. Las constantes disputas competenciales están abocando a la isla, declarada en su conjunto Bien de Interés Cultural, al caos urbanístico. Y es que para mover una piedra hacen falta tantos informes de órganos distintos que rara vez se llega al consenso.

La oposición en el Ayuntamiento de Alicante ha planteado en varias ocasiones la conveniencia de crear un único órgano gestor para la isla, presidido por el Ayuntamiento de Alicante e integrado por todas administraciones con competencias en el enclave. Pero el PP ha rechazado esta iniciativa que, según el grupo municipal socialista, hubiera evitado la resolución de Medio Ambiente rcontraria al planeamiento de protección de la isla elaborado por el Consistorio alicantino.

Los defensores del entorno de la isla, agrupados en la plataforma Salvem Tabarca, no escatiman esfuerzos a la hora de defender los valores medioambientales de la ínsula, y no cesan en su empeño de intentar frenar la voracidad de los promotores. La plataforma ha decidido denunciar ante el Defensor del Pueblo el 'cúmulo' de irregularidades urbanísticas que, a su entender, se producen en la isla.

Salvem Tabarca reclama al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión e impugnación de las licencias de edificación que el Ayuntamiento de Alicante otorgó al ex alcalde popular de Santa Pola, Pascual Orts, y a la mercantil Cala Tabarca. La misma solicitud la ha realizado a la consejería de Obras Públicas y Urbanismo, también con competencias en la isla.

A finales del pasado noviembre, la plataforma pidió que se revisara el planeamiento de la isla que el Ayuntamiento aprobó en julio. Los argumentos para justificar tal solicitud coinciden con los esgrimidos ahora por Medio Ambiente para declarar ilegal dicho plan: el documento no frena la especulación urbanística y consolida las construcciones en marcha, entre ellas, las del ex alcalde de Santa Pola. Ya lo advirtió en noviembre el diputado socialista e integrante de Salvem Tabarca, Alfonso Arenas: 'Las obras invaden la zona de dominio público marítimo-terrestre, por lo que se incumple palmariamente la Ley de Costas'.

La profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante Mercedes Ortiz sostiene que Tabarca es un crisol de riqueza medioambiental y paisajística pero, 'por extraño que parezca, carece de la protección adecuada'. 'Disponemos de un arsenal de normativa legal para proteger la isla y su entorno de la presión urbanística, pero no se utiliza', insistió la profesora.