Los instaladores eléctricos reclaman la creación de una inspección técnica de edificios

Dos de cada tres hogares andaluces tienen instalaciones eléctricas deficientes. Según los expertos, este dato supone que más de 500.000 viviendas son inseguras para sus moradores, bien porque el cableado interior es precario o porque los contadores de la comunidad de propietarios no ofrece suficientes garantías.

Las situaciones de mayor riesgo se registran en los cascos históricos donde a la antigüedad de los edificios se suma el escaso poder adquisitivo de los vecinos para asumir inversiones en las zonas comunes que en la mayoría de los casos ronda el millón de pesetas.

Pero hay otro factor que añade riesgo. Por la incorporación de electrodomésticos, hoy una vivienda consume ocho veces más electricidad que hace treinta años, sin que en la mayoría de los casos la instalación haya sido adaptada a ese incremento. Los técnicos reprochan que las administraciones hayan tolerado un aumento del consumo sin exigir las correspondientes mejoras en la seguridad.

Una encuesta de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas (Fenie) concluye que el 31% de las viviendas son 'inseguras' porque, aunque no suponen un riesgo inminente para sus habitantes, tienen carencias graves y que otro 35% son 'muy inseguras' ya que presentan peligro de incendio o electrocución. Según este estudio, sólo el 15% de los hogares son 'seguros' y el resto reúne condiciones 'aceptables'.

La federación andaluza, Fapie, considera extrapolable estos datos a la comunidad autónoma y cifra en más de medio millón las viviendas catalogadas como inseguras o muy inseguras. La falta del diferencial o de la toma de tierra, sobrecargas de las instalaciones, aislamientos deteriorados, cables empotrados en la pared sin la pertinente canalización y tendidos al alcance de la mano son las deficiencias más frecuentes.

El toque de atención de los expertos no es gratuito. Según las compañías de seguros, el 20% de los siniestros en viviendas son de origen eléctrico. 'La electricidad es símbolo de progreso y confort, pero hay que tener conciencia de que también entraña peligro', recalca Manuel Olea, presidente de Fapie.

Zonas comunes

Pero el riesgo no está solo de puertas para adentro. En muchos casos, las mayores deficiencias se concentran en las zonas comunes, donde no es fácil acometer mejoras porque es necesario el acuerdo de varios vecinos o porque se trata de un edificio en régimen de alquiler cuyo propietario hace caso omiso a las peticiones de reparación de sus inquilinos.

Bomberos especializados en rescates apuntaron que en los inmuebles antiguos, los contadores suelen estar en el portal, de modo que ante cualquier siniestro taponan la salida. Para estos profesionales, es imprescindible que esas instalaciones tengan puertas resistentes al fuego, alarmas sonoras y salida exterior para el humo a fin de que puedan realizarse evacuaciones sin peligro. Los cuartos de contadores no son considerados locales de riesgo, pero según bomberos consultados deberían ser catalogados como tales a partir de un número determinado de viviendas.

Las instalaciones eléctricas se rigen por un reglamento de 1973, cuando el consumo medio era de 500 watios. En la actualidad oscila entre los 3.300 y los 4.400. La nueva ordenación española, que está pendiente del visto bueno de la Unión Europea, fija el mínimo en 5.750 watios y la media en 9.200.

Para la Fapie, la realidad demuestra que es necesaria la aplicación de una Inspección Técnica de Edificios (ITE), similar a la ITV para los vehículos. Barcelona y Madrid ya han legislado en ese sentido. En Andalucía hay intentos normativos en Sevilla y Málaga. Aún así, los expertos denuncian que en aquellas ciudades en la que se ha creado la ITE, se han tenido en cuenta aspectos relacionados con las cubiertas, la resistencia de la estructura, las fachadas o el saneamiento, pero se ha obviado la instalación eléctrica.

Por eso la federación reclama a los ayuntamientos que no sólo creen la ITE, sino que hagan hincapié en este último apartado.La organización también propone que la Junta prevea subvenciones para que las comunidades de propietarios más desfavorecidas puedan acometer esas mejoras.