IC-V pide que dimita Felip Puig por la compra de la playa del Castell

Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) acusa al Gobierno catalán de haber malversado dinero público al comprar por 2.400 millones de pesetas la playa del Castell, de Palamós, pese a ser un terreno no urbanizable, como ha ratificado el Tribunal Supremo en una sentencia que confirma otras anteriores en el mismo sentido. Joan Boada, portavoz de IC-V, solicitó ayer la dimisión del consejero, Felip Puig, al considerar que la operación se realizó 'para favorecer intereses particulares'.

La Generalitat compró los terrenos hace un año a una empresa promotora, la sociedad El Castell, SA, por un total de 2.400 millones de pesetas. A juicio de IC-V, el pago de tal cantidad no está justificado ya que en ese momento el valor catastral de los terrenos 'era de 103 millones y el de mercado como máximo podía llegar a 400 millones', según el diputado Joan Boada, de IC-V.

El Gobierno catalán justificó la compra de los terrenos hace un año, cuando aún estaba pendiente del fallo del Tribunal Supremo a raíz del pleito emprendido por la entidad Depana, que alegaba el interés de preservar un espacio natural que estaba muy deteriorado. Montserrat Candini, directora de Patrimonio de Medio Ambiente, sostuvo ayer la bondad del argumento. 'El deber de la Generalitat era actuar para preservar un espacio natural que se estaba degradando, y en eso se ha estado trabajando durante este año, con la apertura de caminos y medidas de prevención contra incendios'. Candini dijo estar 'sorprendida' por la actitud de Boada 'ya que fue él mismo quien reclamó al Gobierno catalán que actuase para proteger el paraje del Castell'.

IC-V presentó el pasado septiembre una proposción no de ley en la que pedía la revocación de la compra de las ocho fincas que conforman la playa del Castell por 2.400 millones. Esa proposición todavía no ha sido debatida en el Parlament. Boada insistió ayer en que la operación 'es un caso paradigmático [de la actuación] del Gobierno de Jordi Pujol para favorecer los intereses de particulares y estar al lado de los poderosos'.

Este periódico no pudo localizar ayer a los propietarios de El Castell, SA, para conocer su versión sobre la operación. Candini justificó la compra de los terrenos pese a que estaban pendientes de resolución judicial: 'De lo que se trataba era de proteger un espacio e integrarlo en un único espacio protegido. De ahí la necesidad de que los terrenos formaran parte del Patromonio de la Generalitat'.

Candini no quiso opinar sobre la gran diferencia entre el valor catastral y el precio de la compra. Lo que sí anunció es el propósito de continuar la protección del entorno de la playa del Castell, 'por lo que desde hace unos dos meses se está estudiando la compra de unas pequeñas fincas y unos terrenos colindantes'. Se trata de una zona conocida como el plano del Castell, propiedad de la empresa Cano, SA, la misma que prensentó hace casi 10 años el proyecto para levantar un complejo de apartamentos y de ocio turístico en la playa del Castell.