Sólo 27 países han ratificado el tratado suscrito por 139 Estados

El Tribunal Penal Internacional podrá investigar y juzgar a individuos, no a Estados, acusados de haber cometido violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario. La puesta en marcha de este organismo, que tendrá una jurisdicción más amplia que el Tribunal de la Haya, se decidió en julio de 1998 en Roma. El tratado ha sido firmado por 139 países (incluidas las firmas a última hora de Irán, Israel y Estados Unidos) y ratificada por 27. España ratificó el tratado a finales del pasado mes de octubre.

Un total de 120 naciones apoyaron la creación del tribunal hace dos años y el proceso de aprobación está resultando ser relativamente rápido. El tribunal sólo podrá empezar a funcionar cuando al menos sesenta de los firmantes ratifiquen el Estatuto. España fue el quinto país de la Unión Europea en hacerlo (después de Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo), tras la votación unánime del Congreso y el Senado, el pasado verano.

El Tribunal Penal Internacional podrá juzgar crímenes que por su gravedad y trascendencia escapan del ámbito judicial interno de los Estados, es decir, crímenes que dejan de estar sujetos al principio clásico de territorialidad del derecho penal. El funcionamiento del tribunal complementa los sistemas judiciales nacionales, no trata de establecer una legislación paralela: sólo actuará ante la ineficacia o la falta de voluntad de los Estados competentes para juzgar.

Tres categorías

Aunque durante las negociaciones previas a Roma se discutió la posible inclusión de delitos como terrorismo o tráfico de drogas, el estatuto se limita a tres categorías de crímenes: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El tribunal no tendrá competencia retroactiva, sólo podrá investigar aquellas violaciones que se produzcan a partir de su entrada en vigor. La agresión también fue incluida en un principio, pero al final ha quedado postergada hasta que se establezca su definición cuando se pueda revisar su estatuto, siete años después de su ratificación definitiva por los 60 estados.

Estados Unidos fue uno de los siete países que se opuso en Roma a la creación del tribunal junto con Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen. Hasta hace dos días llevó una intensa campaña para enmendar el texto original. Washington temía que el tribunal pudiera ser utilizado contra sus intereses por motivos políticos. Pedía entonces que los norteamericanos fueran eximidos de la jurisdicción del tribunal si actuaban bajo órdenes directas de su Gobierno, algo que Europa y las ONG favorables al TPI criticaron duramente.