La policía sospecha que el coche bomba que ETA dejó en Sevilla buscaba matar a los artificieros

Los terroristas llamaron a la asociación de auxilio en carretera DYA en Guipúzcoa sobre las 2.40 horas del 31 de diciembre para advertir de la presencia de un coche bomba frente al edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en Sevilla, situada en la glorieta entre las calles Kansas City y José Laguillo y muy cercana a la estación terminal del AVE, Santa Justa. En la llamada se pedía que se desalojara a los clientes del hotel Occidental, situado a pocas decenas de metros del lugar en el que estaba estacionado el vehículo, ya que la bomba estaba programada para explotar a las cuatro de la madrugada. A las 3.15, el centro de DYA recibió otra llamada en la que se insistía en que 'aún quedaba tiempo para desalojar el hotel'. El coche, un Peugeot 306 blanco con matrícula falsa de Málaga, había sido robado en Toulousse (Francia) el 14 de diciembre.

Los expertos de la policía se emplearon a fondo hasta las ocho de la mañana para desactivar la bomba. Estaba compuesta por un gran cajón en el que había dos grandes ollas repletas de dinamita y fuertemente fijadas al automóvil, rodeadas de paquetes del mismo explosivo. La bomba era de una gran sofisticación y su diseño casi idéntico al de las dos furgonetas interceptadas en Aragón en diciembre de 1999 con 1.700 kilos de explosivo y que iban camino de Madrid. El artefacto disponía de un cebador con temporizador y dos circuitos antimovimiento. La dinamita era parte de las ocho toneladas robadas en Plevin (Bretaña) por ETA y el Ejército Revolucionario Bretón en septiembre de 1999.

A la luz de estos datos, los expertos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil consideran que lo más probable es que se tratara de una bomba trampa, destinada a matar a los artificieros y arrasar el edificio de la Seguridad Social. La llamada estaría destinada no sólo a evitar una matanza entre los clientes del hotel, sino a llevar a los artificieros de la policía hasta el explosivo.

La revancha ha sido una de las señas de identidad de las actuaciones de ETA en Andalucía. Las cuatro bombas desactivadas en octubre en el interior de otros tantos vehículos de militares y personal civil del Ejército llevaban cada una escrito el nombre de uno de los cuatro etarras fallecidos el 7 de agosto en Bilbao (Vizcaya) mientras manipulaban un artefacto explosivo. Los expertos policiales no descartan que entre las estrategias de la banda figure ahora castigar a Sevilla, después de que la colaboración ciudadana hiciera posible el 16 de octubre la detención de Igor Solana y Harriet Iragi, poco después de que asesinaran al coronel médico del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos.

Los efectos que podría causar la explosión de los 100 kilos de dinamita son impredecibles. Pero probablemente el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social y gran parte del hotel Occidental habrían quedado reducidos a escombros. Asimismo, se habría visto afectado el túnel que utilizan algunos recorridos de cercanías desde Santa Justa hasta el apeadero de San Bernardo e incluso la propia estación del AVE, situada a pocos centenares de metros.

El efecto psicológico sobre una ciudad que se considera víctima preferente de ETA también habría sido de enorme relevancia. 'Los violentos tienen que saber que no cuentan con ninguna posibilidad de sacar rédito político a su actuación criminal, que la sociedad no abdicará jamás de sus principios democráticos por la amenaza de las armas y que tan sólo la cárcel espera a quienes intenten quebrar la convivencia pacífica y las libertades públicas', dice en un comunicado la Junta de Andalucía.

El secretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo, remarcó la 'fortaleza y vigencia del pacto antiterrorista y definió a Euskadi como 'un país no sólo con falta de liderazgo', sino en el que se está extendiendo una 'sensación de miedo'.

[Un total de 87 presuntos etarras quedaron en libertad provisional desde que terminó la tregua, el 3 de diciembre de 1999, hasta ayer, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. Además, a lo largo del año 2000 se produjeron 190 ingresos, por lo que el número de presuntos etarras y de personas supuestamente vinculadas a ETA en las cárceles españolas asciende a 436, de los cuales 115 están en espera de juicio, lo que supone un incremento del 12,84% con respecto a diciembre del año pasado, que era de 380 internos].