Inocentes

FÉLIX BAYÓNHace un par de años la Junta de Andalucía tomó una importante iniciativa: fue la primera comunidad que concedió a los inmigrantes el derecho a la atención sanitaria, fuera cual fuera su situación legal. Tras la iniciativa andaluza, las demás comunidades aprobaron medidas similares.

Con este precedente, se entiende mal por qué rehúye la Junta la atención a los inmigrantes que naufragan en nuestras orillas. No cabe duda de que la competencia sobre las fronteras y sobre la sanidad exterior es del Estado y de que es el Estado el que debe de hacerse cargo de la factura, pero, mientras se busca una solución definitiva, habrá que atender a toda esta gente. Y no hay duda de que quien posee aquí los recursos sanitarios es la Junta de Andalucía.

Hasta el momento, los náufragos son atendidos sólo gracias a la buena voluntad de las ONG y ahora el Gobierno andaluz pretende que se dé un tremendo salto: es el Ejército, dice, el que debería de ocuparse de estas tareas. La propuesta, más que de una reflexión serena, parece fruto de la ya eterna lucha reivindicativa que enfrenta a la Junta con el Gobierno del PP y en la que la Junta parece haber puesto casi todas sus energías y todo su entusiasmo.

En lo que llevamos de año han sido detenidos cuando trataban de cruzar el Estrecho unos 15.000 inmigrantes. La cantidad es importante en términos relativos -multiplica por cuatro la del año anterior-, pero no deja de ser ridícula en términos absolutos: la media es de unos 40 o 45 inmigrantes al día, que no es una cifra agobiante. Controlar su estado de salud y darles atención urgente es algo que se puede hacer con muy pocos medios. Es cierto que este control debe de hacerlo el Estado, pero, si no lo hace nadie, puede exponerse al conjunto de la población a graves peligros sanitarios.

He consultado con una organización humanitaria y me dicen que bastaría con un par de médicos, otros tantos enfermeros y unos cuantos auxiliares. ¿Merece la pena discutir por tan poco? No sería más lógico que la Junta prestara el servicio y luego reclamara el pago. Es curioso que este dilema no se plantee, por ejemplo, con la atención sanitaria a los turistas de países no comunitarios, a pesar de que -según cálculos del sector- apenas uno de cada cuatro se hace cargo de la factura.

Movilizar al Ejército es innecesario y, además, perjudicial. Serviría precisamente para alimentar la paranoia de que estamos frente a una invasión. Las televisiones controladas por el PP ya han cebado bastante estos temores en los últimos meses, mientras se tramitaba la nueva Ley de Extranjería: cualquiera diría, viendo los telediarios, que nos encontrábamos en vísperas de una nueva conquista por parte de la morería. Y no es una exageración: los fantasmas históricos funcionan y suelen desatar nefastas pasiones.

Tampoco parece que se haya pensado demasiado en el peso de las imágenes: ver a los inmigrantes en casamatas, en manos de militares, hace pensar en campos de concentración y daría a entender que en estas tierras se vive en estado de emergencia. No se trata de una cuestión de amor propio: buena parte de la economía andaluza depende del turismo, que no es otra cosa que imagen.

En fin, que o no ha sido una buena idea o ha sido una idea que se ha adelantado a su tiempo. Se ha adelantado justamente una semana. Su tiempo era el 28 de diciembre.