Una ley en el vacío

Uno de los temores expresados por la oposición al aprobarse, hace más de un año, en el Parlamento la Penal del Menor fue que su entrada en vigor se produjera sin que las administraciones -Gobierno y autonomías- hubieran realizado las inversiones necesarias para hacerla viable. El temor no era infundado. En vísperas de su entrada en vigor, el próximo 13 de enero, existe preocupación de que, al menos en algunos aspectos, la nueva ley se aplique en el vacío. Aparte del indudable golpe que ha supuesto para su credibilidad el endurecimiento del tratamiento penal relativo a los menores de 18 años implicados en acciones de lucha callejera, la nueva norma inicia su andadura con graves carencias de infraestructura.La anterior titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cifró en unos 5.000 millones de pesetas la inversión en centros, preparación de personal judicial y creación de equipos multiprofesionales -pedagogos, asistentes sociales y psicólogos- previstos en la ley. El actual titular de este departamento declaró recientemente que el Gobierno había invertido 1.000 millones. ¿Debe entenderse que los 4.000 millones restantes son de la responsabilidad inversora de las autonomías o que han sido sacrificados ante el altar del déficit cero? El caso es que el Defensor del Pueblo se ha creído obligado a pedir al Gobierno una moratoria alegando graves carencias de medios y ausencia de criterios para una aplicación homogénea de la nueva norma. El Gobierno dirigió al Defensor del Pueblo al Parlamento. Y ha sido el Parlamento, en concreto el Senado, y más en concreto el PP y el PSOE, los que recientemente han decidido no atender la moratoria total pedida por el Defensor, pero sí congelar durante dos años la ley para los jóvenes entre 18 y 21 años de edad. Durante ese tiempo, los jueces no podrán decidir que un joven internado que cumpla 18 años -mayoría de edad penal- siga en el reformatorio. Pasará a un centro penitenciario normal. La causa de la congelación parcial de la ley ha sido el temor de las autonomías que tienen transferidas las competencias de menores a que sus centros de reforma se saturen. A partir del día 13 de enero comenzarán a recibir las primeras remesas de los más de mil internos, preventivos y penados, que hay en las cárceles. Pero ya se sabía desde hace al menos un año que harían falta centros especiales, nuevos o remodelados, para la rehabilitación de los jóvenes delincuentes. Y fiscales especializados en la instrucción de las diligencias, nuevos jueces de menores y equipos técnicos dedicados al seguimiento de los fines socioeducativos asignados a las medidas de internamiento. ¿Dónde están? Es de temer que, al menos en parte, deba hacerse mal y tarde lo que irresponsablemente se ha dejado de hacer a su tiempo.