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Los límites del diálogo

Francesc de Carreras

Un numeroso grupo de intelectuales, profesionales y artistas catalanes -con predominio de nombres ligados al nacionalismo y a la Iglesia católica- han firmado un manifiesto sobre cómo poner fin a la ofensiva terrorista de ETA. En dicho manifiesto se rechaza el pacto PSOE-PP, se propugna el diálogo entre todos los sectores implicados y se sugiere acudir a una instancia internacional que medie en el conflicto con tal de, previo cese de la acción terrorista, iniciar una negociación que ponga fin a la violencia. El manifiesto, de marcado tono iusnaturalista, no explica bien -probablemente por la necesidad de ser breve- las razones de fondo que les inducen a adoptar tal posición aunque tales razones parecen estar en la línea del tan invocado como inexcrutable "espíritu de Ernest Lluch".Sin embargo, probablemente, estas razones de fondo están expuestas con gran claridad en el excelente artículo Dialogar, también con ETA, de Vicenç Villatoro, publicado en estas mismas páginas de EL PAÍS el pasado 19 de diciembre. Artículo excelente, repito, pero del cual me atrevo a discrepar en tres puntos centrales.

Dice Villatoro: "Lo que convierte en repugnante a ETA son los métodos, no los objetivos". Los objetivos de ETA son, para Villatoro, la independencia y el socialismo. Y añade: "Pero eso no convierte la independencia y el socialismo en objetivos inevitablemente totalitarios". Todo ello, en parte, es cierto. Lo repugnante de ETA es su brutal violencia para conseguir sus objetivos y ambos son, por supuesto, perfectamente legítimos. Pero, en política, esta disociación de métodos y objetivos es siempre engañosa. Los métodos, en cierta manera, ya prefiguran los objetivos, y la historia del siglo XX está repleta de ejemplos que lo demuestran: de Stalin a Mao Zedong, del FLN argelino a Pol Pot: sus objetivos también eran legítimos. En el caso de ETA, esta identidad de métodos y objetivos es aún más obvia. En los casos citados se partía de situaciones de opresión totalitaria o colonial. Ello no sucede en el País Vasco o en la España actual, que disfrutan de unas condiciones muy distintas. Las libertades constitucionales permiten ambos objetivos pero sólo hay un camino legítimo: la vía democrática. El método, en el caso de ETA, se identifica con el objetivo: la implantación de un régimen totalitario previa destrucción de un régimen democrático. Si ETA alcanza algún objetivo, la violencia seguirá. Hay un antecedente cercano: el nazismo de Hitler.

Sigue Villatoro: "El principal problema de Euskadi es la violencia". No estoy de acuerdo: el principal problema de Euskadi es la falta de libertad. La violencia no es otra cosa que el instrumento para producir miedo y lograr que la sociedad vasca no se atreva a ejercer sus mínimos derechos básicos, especialmente no se atreva a expresar lo que piensa. De ahí los asesinatos de intelectuales, periodistas y políticos, aquellos que prestan su voz al pueblo. "De vegades la pau no es més que por", canta Raimon. Nada más exacto. Cuando el miedo se instaura hay una paz aparente, pero no hay la paz real que sólo se asienta en la libertad. El diálogo para una paz a cualquier precio conduce directamente a una dictadura. 25 años de paz fue el lema que inventó Fraga Iribarne en 1964. Con acierto le replicó el abad Escarré desde Le Monde: "No son 25 años de paz sino de victoria". Fueron, ciertamente, 25 años de miedo, aunque muchos españoles no lo notaran, tan interiorizado estaba. Lo más preocupante del Euskadi de hoy es que buena parte de sus ciudadanos -entre ellos algunos dirigentes del PNV- interioricen el miedo y aparenten una normalidad democrática que no existe. Arzalluz dijo hace pocos meses con chulería: "En Euskadi, seguridad nos sobra". Si muchos se lo creen, el totalitarismo habrá conseguido sus fines. La violencia cesará no cuando ETA deje de matar sino cuando los ciudadanos vascos estén seguros de que pueden ejercer sin miedo sus libertades y derechos. El principal problema de Euskadi es la falta de libertad.

Tercera discrepancia. Dice Villatoro: "Puede haber democracia fuera o más allá de la Constitución". Según como se interprete, esta frase niega la democracia misma. Que la Constitución pueda reformarse o que uno pueda discrepar respecto de su contenido son obviedades que no merecen más comentario. Pero la Constitución no es una norma cualquiera sino el fundamento de nuestro orden democrático, la norma básica que rige nuestra convivencia. El poder público que no respete sus reglas se sitúa no ya fuera de la democracia constitucional sino de la democracia misma. La legitimidad del derecho no está en el derecho natural -como implícitamente expresa el manifiesto de intelectuales y sigue siendo doctrina cristiana tradicional- sino en el hecho de que las normas deben ser aprobadas de acuerdo con las reglas que democráticamente nos hemos dado previamente. La libertad no es algo anterior a la ley sino su consecuencia. Rousseau lo expresó con precisión en El contrato social: "La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha prescrito". Por tanto, no hay libertades ni derechos democráticos fuera del marco legal, aunque, por supuesto, este marco pueda ser cambiado, parcial o totalmente, siempre que, en todo caso, se haga conforme a las reglas que hemos previamente aprobado.

Amigo Villatoro: tu artículo está repleto de razones y de sensatez, de matices que completan tu argumentación básica. Espero no haber desfigurado tus posiciones. Tiempo hay para seguir conversando en público. Hablar de ETA y de diálogo nos conduce hoy a tratar de ciertos principios básicos que configuran hoy la idea de democracia. En este punto creo que tenemos divergencias y algunas las he intentado exponer.

Diálogo: palabra estrechamente ligada a democracia. Al fin y al cabo, la democracia no es otra cosa que un eterno diálogo sometido a reglas. Y estas reglas han de ser también elaboradas democráticamente. Ahí estan los límites del diálogo, sobre todo para los poderes públicos. Si estos límites se exceden, la víctima es la democracia misma.

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Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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