Guardias sin derechos

La Guardia Civil parece dispuesta a abrir una pequeña brecha en su histórico rechazo a cualquier vía, sindical o asociativa, que pudiera servir de cauce a reivindicaciones laborales y profesionales de sus miembros. Próximamente, los 73.000 agentes de su plantilla serán convocados a unas elecciones internas para designar a sus representantes en el Consejo Asesor de Personal, un órgano de reciente creación, reconocido en la Ley Orgánica de Reestructuración de la Guardia Civil, aprobada en noviembre de 1999. El detonante de este paso, limitado pero histórico por lo que representa, es la inminente publicación de una sentencia del Tribunal Supremo reconociendo la legalidad de una asociación que viene actuando en el cuerpo desde 1991.Incluso si se trata de adelantarse a lo que dictamine el Supremo, hay que aplaudir la decisión de la Guardia Civil. Pero mejor sería que respondiera al deseo firme de resolver un problema real que, más allá de su consideración como fuerza armada, la Guardia Civil no puede dejar de reconocer: el desamparo de sus miembros, en especial los de sus escalas inferiores -el 80% de la actual plantilla-, ante la carencia de unos mínimos cauces legales que les permita resolver sus problemas laborales y profesionales.

La puesta en marcha del Consejo Asesor de Personal no colma, desde luego, el enorme déficit que acumula la Guardia Civil en cuanto al reconocimiento de derechos básicos de su miembros. Sus funciones son muy reducidas: apenas facilitar la comunicación de abajo arriba y recoger las propuestas o sugerencias de los agentes para transmitirlas a sus superiores. Pero esa novedosa instancia de representación interna, aunque muy limitada, no podrá dejar de ser caja de resonancia de los problemas reales del colectivo.

La Constitución no veda el derecho de sindicación -supuesto que se da en el caso de los jueces- a los integrantes de las Fuerzas Armadas o de los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, sino que deja a la opción del legislador limitarlo o exceptuarlo en ese ámbito, y lo reconoce plenamente en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado. El carácter militar de la Guardia Civil, por el que optaron en el pasado los Gobiernos socialistas en contra de sus promesas, ha dificultado enormemente esa vía legal para resolver los problemas de sus miembros. Que se han agravado con el tiempo, como la más desgraciada secuela derivada de la naturaleza híbrida de este cuerpo armado: de un lado, estructura y disciplina militares, y de otro, dedicación a tareas ordinarias de policía entre la población civil. Tan manifiesta contradicción imposibilita una defensa cabal de derechos laborales y profesionales y somete a los guardias civiles al libre albedrío de sus mandos. El nuevo consejo debería ser el principio del fin de esa contradicción.